Gallardón propondrá a la UE que regule la segunda oportunidad a deudores

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido hoy a elevar una propuesta a sus homólogos europeos para unificar un marco legislativo comunitario que regule el mecanismo de segunda oportunidad para los deudores particulares "de buena fe".

Gallardón ha respondido así al senador del Grupo Mixto Francisco Javier Yanguas, que le ha preguntado si el Gobierno va a regular la insolvencia de los particulares de buena fe a través de un procedimiento singular.

El titular de Justicia ha valorado esta propuesta pero la ha condicionado a un "criterio de oportunidad"ya que, ha dicho, "no podemos perder la competitividad en estos momentos de recuperación tímida, pero segura, de la economía española".

Y esta regulación, ha añadido, podría "suponer introducir un factor disfuncional dentro de lo que son las garantías de mercado".

También la ha supeditado a que cumpla con las directivas y disposiciones que en esta materia se aprueben en el seno de la Unión Europea.

Por ello, se ha comprometido a llevar a una de las próximas reuniones del Consejo de Interior y Justicia (JAI) una propuesta de regulación para unificar el marco legislativo dentro de toda la UE que de cobertura a esta iniciativa.

Ha recordado que la nueva Ley de Emprendedores ya ha introducido para los emprendedores el mecanismo extrajudicial de la "segunda oportunidad", que permitirá a los empresarios con deudas que no superen los cinco millones de euros acudir a una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores.

Por último, ha señalado que el Ejecutivo ha superado las exigencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado marzo, en la que concluyó que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarias a la legislación europea, que busca proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas.

Así, Gallardón ha citado la Ley de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que suspende los desahucios de viviendas durante dos años para colectivos definidos como vulnerables.