Gobierno y sindicatos pactan convocar unos 19.000 empleos públicos este año

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha suscrito este lunes con los sindicatos de Función Pública (CC.OO., UGT, CSIF y CIG) un acuerdo que contempla una oferta de empleo público (OEP) para 2018 que, a falta de concretar hasta su aprobación el viernes, podría situarse entre 17.300 y 19.300 plazas en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), más un plan extraordinario con 323 nuevos efectivos para asilo y refugio de inmigrantes y la recuperación del 100% de retribución por Incapacidad Temporal (IT).

En una rueda de prensa celebrada al término de la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), presidida por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y mantenida con los sindicatos más representativos del área pública, Batet ha agradecido el "trabajo y esfuerzo"de los sindicatos para alcanzar tres acuerdos que suponen un "importante avance"en materia de empleo público.

Batet ha detallado que uno de los acuerdos conlleva 2.800 plazas de estabilización de interinos de 2017 y el compromiso de convocar simultáneamente las de 2018; otro pasa por reforzar las plazas en materia de inmigración ante unos servicios que están "desbordados", ya que en dos años se ha pasado de 15.000 solicitudes de asilo a 32.000; y un tercer acuerdo de recuperación del 100% de la retribución desde el primer día de los funcionarios con Incapacidad Temporal (IT).

Según Batet, los acuerdos suscritos suponen "recuperar derechos perdidos en tiempos de crisis"y "mejorarán la calidad del empleo en términos generales".

Con el objetivo de reducir la temporalidad al 8% entre los empleados públicos, el Gobierno aprobará el viernes un real decreto con la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Así, dará luz verde a la estabilización de empleo en el ámbito de la AGE y sus entes, tanto personal funcionario como laboral (previsión actual de 2.329 plazas), personal estatutario del Ministerio de Defensa e INGESA (534 plazas) y personal al servicio de la Administración de Justicia (2.248 más 424 de promoción interna).

CC.OO. y UGT estiman que la OEP rondará las 19.341 plazas, distribuidas en unas 10.016 de ingreso libre, que incluye las 323 de la oferta extraordinaria para reforzar los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIs) y los Centros de Acogida al Refugiado (CAR), así como los servicios de Prevención de Riesgos, y un 5% adicional de plazas del total de la OEP, lo que supone otras 485 plazas, que se destinarán a la Seguridad Social y a la lucha contra el fraude fiscal y laboral. A esto se suman 5.997 plazas de promoción interna y las 2.863 plazas restantes destinadas para estabilizar interinos.

Según CSIF, el acuerdo contempla una oferta de empleo público de la Administración General del Estado para este año de 17.534 plazas, de las cuales 8.371 serán de nuevo ingreso, 2.863 de estabilización de plazas interinas y 5.977 plazas de promoción interna, según datos aportados por dicho sindicato. En las plazas de nuevo ingreso se incluyen más de 400 derivadas de un 5% adicional de nuevo ingreso --contemplado ya en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo--. A esto se suma la oferta extraordinaria de empleo público de 323 plazas para inmigración.

La diferencia respecto a las cifras de CSIF es que CC.OO. y UGT incluyen en las 10.000 plazas de nuevos ingreso unas 1.800 plazas que estaban previstas para este año pero que se adelantaron a 2017 por necesidades de distintas administraciones.

La ministra y los portavoces sindicales han celebrado también que se ha acordado la ejecución del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales en marzo de 2018, con loa que se aprueba la normativa para suprimir la reducción retributiva que se venía aplicando desde el año 2012, cuando los empleados públicos se encontraban en situación de incapacidad temporal.

Dicha reducción suponía un descuento del 50% de las retribuciones del primer al tercer día de incapacidad temporal y de un 25% entre el cuarto y hasta el vigésimo día, ambos inclusive.