Sablazo fiscal para recaudar 5.654 millones en 2020

El Plan de Estabilidad 2019-2022 que fue presentado ayer ante la Comisión Europea advierte de que el crecimiento de la economía española bajará hasta el 1,8% del PIB en 2022 por la ralentización internacional.

Todo apuntaba a que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez iba a tirar de impuestos para afrontar los desafíos de la legislatura, y con la presentación ayer en Bruselas de su Programa de Estabilidad 2019-2022, los vaticinios se cumplieron. En este nuevo cuadro macroeconómico sitúa la previsión de crecimiento en el 2,2% para este año, la tasa de paro centrada sobre el 14% y una estimación de reducción del déficit público al 2%, con una ratio de deuda del 96% del PIB.

Si el año pasado se cerró con un déficit situado en el 2,63%, Sánchez tendrá tan solo ocho meses por delante para afrontar un recorte del gasto de casi 6.000 millones de euros. Y cómo lograr enjugar este desfase parece estar claro: recortes en las partidas de inversiones, contención del gasto de por lo menos 3.000 millones, confiar en la buena marcha de la recaudación fiscal y de los ingresos de la Seguridad Social por el aumento de las afiliaciones, y, en última instancia, pero no menos significativa, una subida de impuestos que logre equilibrar los 3.000 millones restantes.

Para ello, el plan asume las propuestas fiscales que ya intentó aprobar en los fallidos Presupuestos Generales del Estado de este año, en las que pretendería recaudar para el Estado casi 6.000 millones del déficit (5.654 millones en 2020) gracias, entre otros, a la implantación de una tasa ecológica, otra al diésel, al incremento del impuesto de Sociedades, Patrimonio por la subida del IRPF a las rentas más elevadas y por una recaudación, bastante desdibujada ya, por las tasas Google o Tobin. Con esta previsión del crecimiento de los ingresos públicos, la ratio sobre el PIB de estas cifras aumentaría desde el 38,9% con el que se cerró 2018 hasta el 40,7% de 2022, o lo que es lo mismo, más de 20.000 millones.

El Ejecutivo, todavía en funciones, ha esperado a la publicación de los datos de déficit presentados por Eurostat –que corrigió la cifra gubernamental del 2,63% para dejarla en el 2,48% tras restar casi dos décimas por el impacto del coste de las autopistas rescatadas que Hacienda imputó al ejercicio 2018– y de paro por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para delimitar el ajuste final.

Ayer, el INE publicó el avance trimestral de la Contabilidad Nacional, que mostró un avance del PIB del 0,7% en el primer trimestre, una décima más que en el trimestre precedente, gracias, principalmente, a la mejora de la inversión. Ello ha animado al Ejecutivo a que el objetivo para este año sea reducir en casi cinco décimas el déficit público, hasta ese 2% del PIB, y rebajar la deuda pública hasta el 96% del PIB este año, un punto porcentual menos que el año pasado. De esta forma, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez deberá acometer un ajuste sobre la estimación corregida de déficit que puede alcanzar los 6.000 millones de euros este año, y superar los 15.000 milllones en 2020, cuando las estimaciones del Plan sitúan el déficit en el 1,1%. El objetivo final es llegar a 2022 en situación de equilibrio, un año después que el objetivo marcado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En cuanto al crecimiento real de la economía española, el plan recoge que el PIB aumentará este año un 2,2% gracias a un entorno internacional favorable. Sin embargo, la dinámica de crecimiento se ralentizará a partir del año que viene, bajando cuatro puntos, hasta el 1,8%, en 2022 por culpa de la menor demanda interna y una contribución ligeramente negativa del mercado exterior.

El Programa de Estabilidad también recoge una previsión de la tasa de paro incluso por debajo del 14%. En 2018 la EPA concluyó el ejercicio con una tasa de desempleo del 14,45%, por lo que si baja a cierre de 2019 por debajo del 14% se colocaría en niveles del cuarto trimestre de 2008. Y las previsiones del plan son aún más halagïueñas, ya que aseguran que el paro se situará en posiciones precrisis en 2022, por debajo del 10%.

Con estas cifras, el Gobierno pretende sacar a España definitivamente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aplicado desde Bruselas como procedimiento correctivo por déficit excesivo, en vigor desde 2009. Antes de las elecciones, Pedro Sánchez tenía las manos atadas para presentar una nueva senda de déficit que le permitiera financiar sus reformas. Pero ahora, tras los resultados del 28-A, podrá negociar directamente con Bruselas y relajar décimas al déficit con el beneplácito previo de las autoridades comunitarias.

Pese a la cita con los comicios, el Gobierno tenía la obligación de enviar a la Comisión Europea el Plan de Estabilidad antes del 30 de abril, objetivo que cumplió junto al resto de los Estados miembros para coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la UE.