Hacienda, a las autonomías: sin techo de gasto no habrá nuevos Presupuestos

El Gobierno rechaza el plan de los barones socialistas de aprobar cuentas autonómicas con sus propias estimaciones de ingresos.

El Gobierno rechaza el plan de los barones socialistas de aprobar cuentas autonómicas con sus propias estimaciones de ingresos.

La respuesta de el Gobierno a los líderes regionales de cara a la próxima aprobación de presupuestos es clara: o se modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Gobierno en funciones pueda establecer un techo de gasto o se prorrogan los presupuestos de 2016. Con este aviso, el Ministerio de Hacienda cierra la puerta a otras opciones planteadas por algunos barones socialistas, como los líderes de Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, cuya intención era elaborar sus nuevas cuentas autonómicas a partir de sus propias estimaciones de ingresos.

El problema es que ni el Ejecutivo ni el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro saben si es factible que el Gobierno en estos momentos modifique una ley como la de Estabilidad para poder fijar un techo de gasto estando en funciones. Estas cuestiones han sido planteadas a la Abogacía del Estado, la cual está elaborando una informe sobre la viabilidad jurídica de modificar dicha norma y de llevar a cabo reformas a nivel nacional como la revalorización de las pensiones o el incremento salarial de los funcionarios vía decreto ley. Estas opciones se plantean de cara a un hipotético escenario en el que se agotara la fecha límite para formar Ejecutivo a finales de octubre y se disolvieran las Cortes.

La incertidumbre legal

El pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, informó de que todos los ministerios están trabajando de manera conjunta en un informe que analiza los asuntos de máxima urgencia y las medidas que se deben llevar a cabo. Sin embargo, dicho documento necesita ser avalado por la vía jurídica. Tanto los grupos en la oposición como los sindicatos han echado en cara al Ejecutivo en funciones que no pusiera en práctica medidas como la revalorización de las pensiones a pesar de la prórroga en los Presupuestos. Pero el problema no es que el Gobierno no esté dispuesto a llevar estas medidas al Congreso mediante decreto ley, sino que su condición de «en funciones» podría incapacitarle para ello. La Ley de Gobierno reconoce la posibilidad de que el Ejecutivo en funciones adopte medidas extraordinarias ante casos de necesidad o urgencia, pero dichos supuestos no están especificados en la norma. «La situación que está atravesando España es inédita», señalan desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Fuentes cercanas al Gobierno apuntan que no es sólo una cuestión legal, ya que la norma parece contemplar esta alternativa, sino que la preocupación se centra en el ámbito económico. Si se aprobara una revalorización de las pensiones o un incremento salarial a los funcionarios habría que plantearse la manera de financiar dichos gastos, teniendo en cuenta que las partidas presupuestarías no variarían respecto a 2016. Desde el Ministerio de Hacienda reconocen que se trata de «una situación nueva para todos» y aseguran estar haciendo todo lo posible para solucionar el conflicto.

Sin margen de maniobra

La actualización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria deja también en el aire la posible convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), organismo encargado de avalar las previsiones de ingresos para las autonomías y entidades locales. Sin esta cifra no se pueden elaborar los presupuestos y en ese caso se prorrogarían los actuales, según informan fuentes del Ministerio a LA RAZÓN. En este sentido, no hay ninguna decisión oficial sobre la convocatoria de dicha reunión a la espera del informe jurídico. Sin embargo, fuentes autonómicas han confirmado a este diario que esperan la llamada de dicho organismo en las próximas semanas, aunque sólo sea para una reunión «informativa». El hecho de que los Gobiernos autonómicos no estén en funciones ha servido a los barones socialistas para presionar al Ministerio de Hacienda sobre la necesidad de elaborar nuevas partidas. En este sentido sostienen que las cuentas regionales son independientes de los Presupuestos Generales del Estado y que no dependen directamente del Ejecutivo. Los Presupuestos regionales tienen como fecha límite de aprobación el próximo 31 de octubre.

Pero los problemas con las autonomías van más allá de 2017, ya que ni siquiera pueden cerrar el presente ejercicio. La previsión oficial de déficit para las autonomías era del 0,3%, hasta que en abril el Gobierno amplió el margen hasta el 0,7%. Sin embargo, esta modificación no se ha podido ratificar por la condición del Ejecutivo en funciones. Como consecuencia Hacienda tiene retenidos hasta 4.000 millones del Fondo de Financiación Autonómica (FLA) destinados a cubrir ese déficit.

Cita clave en Bruselas

La próxima fecha relevante en la agenda del Ejecutivo es el 15 de octubre, día en el que debe presentar las proyecciones presupuestarias para los próximos tres años y las medidas para la contención del déficit a Bruselas. La inminente prórroga de los presupuestos por el bloqueo político es una realidad que el Eurogrupo ya tiene asumida y ante la que no ha puesto objeción alguna, según informan fuentes oficiales. La última actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 fue publicada en abril por el Ministerio de Economía y el de Hacienda, con correcciones como el desvío en el déficit autonómico del 0,3% esperado al 0,7% final. El Gobierno en funciones ha incluido en los últimos meses algunos ajustes más de cara a la elaboración del informe para la Comisión Europea; como el cambio en el objetivo de déficit para España hasta el 4,6% en 2016, el 3,1% en 2017 y el 2,2% en 2018.