Hacienda congelará la inversión para mantener a raya el déficit

El Gobierno cree que el alza del PIB y el control del gasto garantizarán el objetivo del 2,8% para 2016.

La semana que hoy comienza promete ser decisiva. El viernes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año y, aunque las líneas maestras están claramente definidas en la última actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2015-2018, queda por concretar los números en cada uno de los distintos departamentos ministeriales. Hay dos cosas que parecen definitivas: el Ejecutivo va a mantener a raya la inversión pública a cambio de intentar devolver lo exigido a los distintos colectivos en los años de ajuste de la economía española.

Al adelanto a julio de la segunda fase de la reforma fiscal (prevista para enero de 2016) y al inicio de negociaciones con el colectivo de funcionarios para actualizar sus salarios, podría unirse un guiño a los pensionistas en forma de una subida algo más generosa que la aprobada para los ejercicios 2014 y 2015, y que fue del 0,25%, el mínimo en la reforma que sustituyó la referencia del IPC para la revisión anual por el Índice de Revalorización y que prevé una subida máxima del IPC más medio punto porcentual.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro está obsesionado con el cumplimiento de los objetivos de déficit comprometido con Bruselas en la última actualización del Plan de Estabilidad de abril de este mismo año. El próximo año tiene ya que cumplir con uno de los límites más importantes exigido por la eurozona: situar la diferencia gastos e ingresos por debajo del 3% del PIB, lo que equivale a decir que no puede haber un déficit presupuestario el próximo año por encima de los 30.000 millones de euros (2,8%), lo que implica reducir en un tercio las cifras previstas para 2015.

El Gobierno tiene claro desde mediados del año 2103 que no es necesaria la inversión pública para que la economía española mantenga un nivel de crecimiento capaz de crear empleo de forma sostenible. Según los datos adelantadas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace unos días, el PIB está creciendo a una tasa anualizada del 4%, lo que equivale a decir que en el segundo trimestre de este año la economía habría crecido un 1% en relación con el periodo precedente. El avance del dato del PIB se conocerá el próximo jueves.

Fuentes del Gobierno han confirmado a LA RAZÓN que no es necesario incrementar la inversión pública para mantener el crecimiento del PIB ni del empleo. Los resultados saltan a la vista con los datos de la EPA del segundo trimestre. Por eso, la filosofía de Hacienda es continuar con la reducción de los gastos presupuestarios desde el 42% del PIB al 40,6% el próximo año y hasta el 39,3% y el 38,4% en los dos siguientes ejercicios.

Buena parte de esta contención estará relacionada con el menor gasto de los intereses de la deuda, que pasarán del 3,1% del PIB al 2,8% el próximo año y de las prestaciones por desempleo, que en los últimos doce meses han caído en términos interanuales en un 18%, desde 2.002 millones de euros en mayo de 2014 hasta 1.623 millones del mismo mes de 2015, último dato publicado.

Rajoy quiere seguir con la misma receta: austeridad, sin que ello suponga necesariamente recortes presupuestarios, pero con una mayor atención a la denominada economía social. La inversión pública va a mantenerse en el 1,9%, lo que se traducirá en el entorno de los 20.000 millones de euros anuales durante los tres próximos ejercicios.

El Ejecutivo ha puesto en marcha este año la bajada de impuestos como medida para devolver a los ciudadanos el esfuerzo que se les exigió en 2011, cuando la situación económica amenazaba con un rescate. Hace unas semanas, se adelantó a julio la segunda fase de esa reforma, prevista para 2016, que aumentará un poco más el dinero en los bolsillos de los españoles con el fin de avivar el consumo, que representa alrededor del 60% del PIB.

Queda abierta, según los expertos consultados, la posibilidad de que el Gobierno haga un gesto con los pensionistas, un colectivo al que no se ha recortado nada de sus emolumentos y que ni siquiera ha sufrido una congelación de sus nóminas, pero que ha mantenido su poder adquisitivo gracias a un IPC negativo. Con las elecciones a la vuelta de la esquina hay quienes consideran que la subida de apenas un 0,25% de sus nóminas durante los años 2013 y 2014, el mínimo que la actual legislación permite, es un esfuerzo que podría ser recompensado con una subida algo superior el próximo año, dado que la marcha de la economía se nota en la recaudación de las arcas públicas.

Si el Gobierno decide mantener la subida de los ejercicios precedentes, el 0,25%, el coste adicional para el Estado sería de 280 millones de euros anuales, que pasarían a ser de 560 millones en el caso de una subida del 0,5%.