Hacienda exigirá nuevos ajustes de gasto a las autonomías para este año

El déficit de las comunidades se dispara un 32,1% hasta agosto tras desembolsar 1.900 millones más que en 2013. El Estado reduce su agujero en 3.405 millones

El Ministerio de Hacienda reunirá en los próximos días a los consejeros de las comunidades autónomas (CC AA) para exigirles un mayor recorte de gasto público en la recta final del ejercicio, según ha podido saber LA RAZÓN. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ya descuenta que los gobiernos regionales volverán a incumplir el límite de desvío presupuestario para este año (1% del PIB), debido a los incrementos de las partidas de gasto, con la vista puesta en las elecciones autonómicas y locales, y convocará el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del año con la intención de lograr un mayor compromiso fiscal por parte de las autonomías.

Hasta agosto, el agujero conjunto de las diecisiete comunidades aumentó un 32,1% respecto al mismo periodo de 2013, con 2.620 millones de euros más de déficit, debido al crecimiento del 1,8% en los gastos (1.900 millones más que el año pasado) y a la caída de los ingresos (720 millones menos).

Catorce autonomías acumularon un desvío presupuestario superior al registrado en el mismo periodo del año pasado, y siete superaron en los primeros ocho meses el límite para todo el año (1% del PIB, ver gráfico adjunto). Como consecuencia, el «agujero» conjunto de las 17 regiones rebasó en el octavo mes del año el límite para todo 2014, con un desequilibrio del 1,01% del PIB (10.792 millones de euros).

La región con más déficit en términos relativos (en relación con su PIB) hasta agosto fue Extremadura, con un desvío del 2,22%. La región casi triplicó su agujero presupuestario respecto a los primeros ocho meses de 2013, con un incremento del 181%. Murcia (-1,59% del PIB), Navarra (-1,43%), Castilla-La Mancha (-1,42%), Andalucía (-1,32%), Cataluña (-1,3%) y Comunidad Valenciana (-1,02%) son las otras seis regiones que superaron ya en verano el límite anual del 1%. Además, sólo tres CC AA (Navarra, Aragón y País Vasco) redujeron su desequilibrio frente a 2013.

Hacienda ha analizado estos datos y ha llegado a la conclusión de que las comunidades (especialmente las más grandes, como Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía) volverán a incumplir su objetivo de déficit por cuarto año consecutivo si en los cuatro últimos meses del ejercicio (en realidad, sólo cuentan con un margen de dos meses) no aplican ajustes adicionales de gasto. El Ministerio teme, además, que el «agujero» presupuestario será incluso mayor que el del pasado ejercicio (1,52% del PIB, 15.932 millones de euros). Esto supondría una amenaza para el cumplimiento de los objetivos pactados con Bruselas, que establecen que el déficit público conjunto no puede superar el 5,5%.

La cercanía de las elecciones y la necesidad de contentar a un electorado cada vez más dividido impiden a los gobiernos regionales aplicar nuevas subidas de impuestos, por lo que sólo un crecimiento económico superior al previsto durante el cuarto trimestre puede estimular la recaudación y los recursos disponibles.

El fuerte aumento del déficit de las comunidades fue compensado por el ajuste efectuado por el Estado central, que hasta agosto redujo un 19,3% su desequilibrio con un descenso de 8.007 millones de euros. Como consecuencia, el «agujero» conjunto de la Administración (que no incluye los datos de los ayuntamientos) se redujo un 11,8% interanual, hasta los 45.390 millones, un 4,26% del PIB, frente al 4,9% de agosto de 2013.

Hasta septiembre la Administración central rebajó su nivel de ajuste, y el déficit en términos de contabilidad nacional fue de 33.052 millones de euros (un 3,11% del PIB), 3.405 millones menos que en el mismo periodo de 2013. Los ingresos no financieros del Estado crecieron un 4,4%, hasta los 126.704 millones (con un 3% más por impuestos), mientras que los gastos aumentaron un 1,2%, hasta los 159.76 millones (con un incremento del 5% en los intereses de la deuda).

Marcha atrás en la subida fiscal a las viviendas antiguas

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aseguró ayer que el Gobierno está dispuesto a escuchar las ideas de los grupos políticos sobre la penalización que ha introducido el Gobierno a la venta de viviendas usadas en la reforma fiscal. Ferre explicó que la medida se implantó cuando tenía sentido porque no había separación para las ganancias patrimoniales, en 1991, pero ahora es distorsionante porque hay un efecto muy brusco entre haber comprado una casa a finales de 1994 o pocos días después.