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Hacienda pone la lupa en 119 empresas del sector del mueble

Las inspecciones previas detectaron «distorsiones» en la evolución de las ventas
Las inspecciones previas detectaron «distorsiones» en la evolución de las ventaslarazon

La Agencia Tributaria se ha puesto manos a la obra para combatir el fraude fiscal en el sector de la fabricación y comercialización del mueble. El Ministerio de Hacienda puso en marcha ayer la operación «Iroko», con la que inspeccionó 119 sociedades, así como 38 socios de las empresas investigadas. En total se registraron 112 locales en 15 comunidades autónomas, según informó el organismo.

El dispositivo afecta a locales tanto de fabricantes de muebles como de comerciantes mayoristas y minoristas en Andalucía (34), Aragón (6), Asturias (3), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (5), Cataluña (20), Extremadura (2), Galicia (5), La Rioja (1), Madrid (6), Murcia (5) y Comunidad Valenciana (16). La operación se inició a la hora de apertura de los locales para que la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática (UAI) pudieran acceder directamente a la documentación e información contable, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información.

El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria analizó previamente el sector del mueble ante su crecimiento constante durante los últimos cinco años. El estudio incluyó un análisis de las declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades de los márgenes brutos sobre ventas, márgenes netos sobre aprovisionamientos, movimientos de efectivo y pago con tarjetas.

Las inspecciones previas en el sector del mueble pusieron de manifiesto «ciertas distorsiones» en la evolución de las ventas y las existencias que evidenciaban la realización de ventas no declaradas. Algunas sociedades manipularon la contabilidad para declarar menos beneficios y disimular la ocultación de las ventas.

El operativo ha contado con la participación de más de 400 funcionarios del área de inspección, incluyendo personal de las UAI y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Además, recibió el apoyo de agentes policiales y de 120 funcionarios de Vigilancia Aduanera.