El sector hotelero defiende su solidaridad en situaciones de emergencia y cuestiona que el Gobierno haya topado los precios de hoteles y servicios de hospedaje en Grazalema y otros 13 municipios afectados por la borrasca Leonardo del 18 al 25 de febrero. Esta medida se ampara en el real decreto aprobado la semana pasada que permite al Gobierno topar precios de servicios o productos en una situación de emergencia con el fin de impedir incrementos injustificados. "La medida generalizada no refleja la conducta real del sector", critica la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que insiste: "La hotelería española nunca ha aprovechado las emergencias para incrementar precios de forma oportunista".

“No entendemos por qué las limitaciones se han focalizado en el alojamiento, cuando el real decreto habla de todos los bienes y servicios. Desde Cehat queremos reiterar nuestro compromiso con la responsabilidad social, la colaboración institucional y la protección de los ciudadanos en situaciones de emergencia. Los hoteleros españoles han sido, son y seguirán siendo espacios de acogida y apoyo cuando la sociedad más lo necesita”, defiende Jorge Marichal, presidente de la patronal.

De hecho, ante las fuertes lluvias registradas en Andalucía, Cehat puso en valor la actitud responsable y colaborativa de los alojamientos turísticos. Lo mismo ocurrió en la pandemia de la Covid, en los graves incendios forestales del año pasado, en las inundaciones por temporales previos como la Dana de Valencia y en otras situaciones adversas en las que "los hoteles han puesto a disposición de las autoridades habitaciones gratuitas, instalaciones, mantas, servicios logísticos y recursos humanos para atender a personas afectadas", defiende Cehat.

Esta solidaridad "ha sido reconocida públicamente por distintas administraciones autonómicas y responsables institucionales", insiste, ya que la patronal hotelera "comparte plenamente el objetivo de evitar prácticas abusivas", pero considera que los topes adoptados por el Gobierno trasladan a la opinión pública una imagen que no se ajusta a la realidad del comportamiento de los establecimientos.

Los topes se aplican en un total de 14 municipios repartidos en cinco provincias españolas. En la provincia de Cádiz, la medida afecta a Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera; en Granada, a Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra; en Jaén, a Cazorla y Santisteban del Puerto; en Málaga, a Benaoján y Ronda; y en Badajoz, a Burguillos del Cerro y Medellín. En estos municipios hay más de 10 personas desalojadas, que representan al menos el 0,1% de la población del municipio.

En estos municipios el precio de los servicios hoteleros y de hospedaje no podrá ser superior al precio máximo que tuvo este servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación. Además, si el precio máximo de esos servicios en esos 30 días previos fue superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasará a ser el precio medio de los 30 días más un 50%.

La novedad que introduce este real decreto, impulsado por el Ministerio de Consumo, es que las situaciones en las que pueden toparse los precios no son solo aquellas declaradas como de emergencia de protección civil, sino también aquellas que determine el Consejo de Ministros, como acontecimientos extraordinarios como fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales, accidentes graves, una emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a los usuarios