La Agencia Tributaria aumenta un 10% la colaboración con los órganos judiciales

Durante el proceso penal, son numerosas las solicitudes de los órganos judiciales de peritos, testigos o auxilio judicial, desde antes incluso de incoarse el procedimiento hasta su culminación. Estas actuaciones de colaboración se han incrementado en un 10,4% en 2012, según se indica en la tabla:

Bajo supervisión judicial, la Agencia Tributaria adopta medidas cautelares para el aseguramiento de las posibles responsabilidades que se declaren en el proceso penal y realiza investigaciones de la situación patrimonial de las personas relacionadas con el delito denunciado. La administración tributaria auxilia a los jueces y tribunales en la ejecución de las sentencias condenatorias por delito contra la Hacienda Pública, exigiendo por el procedimiento de apremio la pena de multa y la responsabilidad civil declarada en sentencia.

Además de a juzgados y tribunales de Justicia, la Agencia Tributaria remite con regularidad información a los órganos del Ministerio Fiscal. Las actuaciones se encauzan a través del convenio de colaboración suscrito, en materia de cesión de información tributaria, entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la propia Agencia Tributaria.

La Unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción está dotada con nueve funcionarios de la Agencia Tributaria. Realiza informes, auditorías y actuaciones que le requiere el fiscal jefe de la Fiscalía Especial o el fiscal general del Estado.

Junto a las actuaciones anteriores, destaca también la labor de apoyo al Poder Judicial que realizan los cerca de 900 funcionarios de Vigilancia Aduanera en su función de policía judicial. En 2012 se registraron 414 expedientes judicializados con funcionarios en tareas de policía judicial.

Vigilancia Aduanera, además de policía administrativa, tiene la consideración de policía judicial en asuntos concretos relativos a la persecución de los delitos de contrabando y otros conexos como el blanqueo de capitales y delitos contra la propiedad industrial e intelectual, entre otros.

Pueden actuar en investigaciones relacionadas con el fraude fiscal y la economía sumergida, con la previa encomienda de un juzgado, tribunal o del Ministerio Fiscal. No podrán ser removidos o apartados de la investigación si no es por decisión del juez competente. Están vinculados por el secreto de sumario.