La Audiencia sienta en el banquillo a la ex cúpula de Caixanova y le reclama 68 millones de fianza en 24 horas

Según la Fiscalía, la concesión de un préstamo para la compra de un solar en Rivas Vaciamadrid a una empresa vinculada a la caja provocó a la entidad un perjuicio de 42 millones

La Audiencia Nacional juzgará al ex presidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, a los ex directores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego y a Domingo González Mera, consejero de Proinova, la financiera inmobiliaria de la entidad, por las supuestas irregularidades en la concesión de un crédito en 2007 para la compra de un terreno en Rivasvaciamadrid (Madrid) que causó a la caja gallega un perjuicio de casi 42 millones de euros. Esta es una de las siete operaciones de Caixanova que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunció a la Fiscalía en 2010.

El magistrado Diego de Egea ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra los cuatro procesados, para quienes la Fiscalía solicita penas de cuatro años de prisión por un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio de patrimonio social. Además, reclama al tribunal que les inhabilite cinco años para el ejercicio de actividades relacionadas con el sector financiero o bancario y para el derecho de sufragio pasivo para el tiempo de la condena. Idénticas penas pide la Abogacía del Estado, mientras que la acusación particular que ejerce Abanca Corporación Bancaria reclama tres años de prisión para cada uno de ellos y, además, que se les imponga el pago de las costas del juicio.

El juez De Egea, que actúa en sustitución del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, al que se incorporará el próximo mes la magistrada María Tardón, impone además a los cuatro procesados el pago "de forma directa y solidaria"de una fianza de 68,3 millones para hacer frente a posibles responsabilidades civiles derivadas de la sentencia y les da 24 horas de plazo para abonarla. De no ser así, les advierte, se les embargarán los bienes suficientes para cubrir esa cantidad salvo que se acredite legalmente su insolvencia.

La beneficiaria de ese préstamo fue una sociedad participada por varias empresas vinculadas a la entidad gallega, entre ellas Gorrigebe, cuyo único propietario era Antonio Gorriarán, hermano del ex director general de la caja.

Según la investigación de la juez Lamela los riesgos de la operación no se explicaron a los miembros del consejo de administración, pues Caixanova se sirvió de "análisis incompletos"antes de aprobar el préstamo, en los que "no se distinguía el valor entre las fincas". Asimismo, no se tuvo en cuenta que los prestatarios "presentaban problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio"en unos años en los que "ya era patente la ralentización de las ventas en el sector y las incertidumbres como consecuencia de la crisis".