La Fiscalía sólo pidió la imputación de 27 usuarios de las tarjetas «B»

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acordó ayer la imputación, por el supuesto uso fraudulento de las tarjetas opacas de Caja Madrid, del ex secretario del Consejo de Administración de la entidad Enrique de la Torre, cuya comparecencia había solicitado la Fiscalía en calidad de testigo, pese a que cargó a su visa más de 300.000 euros. La decisión del magistrado eleva ya a 82 el número de ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia imputados en el procedimiento.

Y eso que Anticorrupción pidió únicamente a Andreu el pasado día 23 la imputación, por un delito de administración desleal o de apropiación indebida, de 27 ex integrantes del Consejo de Administración de Caja Madrid o Bankia entre 2003 y 2012 –que el magistrado ya ha citado a declarar como imputados los próximos días 16, 17 y 18 de febrero– obviando al resto de antiguos directivos usuarios de las «tarjetas black» a los que el instructor también ha imputado, en este caso sólo por apropiación indebida.

No obstante, en su resolución el juez Andreu no ha fijado aún la fecha para que éstos últimos comparezcan en la Audiencia Nacional, pues su declaración se producirá una vez haya escuchado a los antiguos administradores de la entidad y a seis citados el próximo 20 de febrero (al séptimo, Enrique de la Torre, esa condición le ha durado apenas unas horas, pues como se ha apuntado ya ha sido imputado formalmente por el juez).

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la pretensión de UPyD de que se imponga una fianza a los imputados para hacer frente a eventuales responsabilidades civiles. Los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol aseguran que la acusación popular «no está legitimada para solicitar la medida», que sólo pueden instar, recuerda, los perjudicados o la Fiscalía.

La Fiscalía Anticorrupción tampoco ve motivos para que se ordene la prisión provisional de Rodrigo Rato, ex presidente de Caja Madrid y Bankia, una petición realizada por UPyD que los fiscales consideran «infundada». Pese a «la existencia de sobrados indicios delictivos», asegura Anticorrupción, ni existe un riesgo de fuga «mínimamente apreciable ni, por supuesto, de ocultación, alteración o destrucción» de pruebas o de reiteración delictiva. El juez Andreu ya rechazó el pasado diciembre esta petición, que achacó a la «obtención de notoriedad» de la formación.

Rato reprocha a UPyD que pida su prisión por «electoralismo»

La defensa del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato acusa a Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, de «electoralismo y propaganda» por pedir su ingreso en prisión y que se le imponga una fianza civil de 4.112 millones de euros. En un escrito remitido al juez Andreu, la representación procesal del también ex presidente de Bankia acusa a la formación de Rosa Díez de actuar con «afán de notoriedad» y dirigir sus actuaciones en el plano judicial hacia la «obtención de réditos políticos», el «electoralismo», el «oportunismo» y la «respuesta a la frustración política», informa Ep. A su juicio, las pretensiones de UPyD «merecen la desaprobación y el reproche» porque «nada tienen que ver con un planteamiento jurídico» y vienen acompañadas de «afirmaciones públicas de sus dirigentes henchidas de sorprendente triunfalismo».