La Justicia de la UE resolverá las demandas del Popular

La Junta Única de Resolución se niega a publicar el informe de Deloitte encargado por el BCE que dictaminó la «muerte» de la entidad española.

La resolución del Banco Popular, en medio del anuncio de un aluvión de demandas por parte de accionistas y tenedores de deuda subordinada que han perdido todo su dinero, sigue suscitando numerosas dudas. Aunque en Bruselas nadie hace afirmaciones tajantes sobre quién tendría que asumir los costes si los tribunales fallan a favor de los inversores ante la complejidad del expediente, ayer la Comisión Europea echó un capote al Ejecutivo español al subrayar que la decisión principal sobre la resolución de la entidad provino de las autoridades europeas y que, en última instancia, será el Tribunal de Justicia de la UE, el encargado de depurar responsabilidades. «Sobre potenciales casos judiciales, no vamos a especular ahora mismo sobre esto. Desde un punto de vista legal, la decisiones de resolución son actos de la UE y pueden ser impugnadas dentro del marco de los Tratados de la UE y, en este caso sería el Tribunal de Justicia de la UE el que tendría que decidir sobre estas impugnaciones».

Papel secundario del FROB

En términos parecidos se refirió ayer la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, en la que defendió en todo momento que el organismo que preside hizo lo correcto. Según König, los inversores están en su derecho de acudir tanto a los tribunales nacionales como a la máxima instancia europea, aunque también dejó claro que el FROB español(Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) tuvo un papel secundario. «Nosotros tomamos la decisión de resolución y nuestros colegas españoles la llevaron a la práctica», aseguró ayer. De momento, los accionistas y bonistas de la entidad tienen previsto denunciar tanto al equipo gestor del Banco Popular como al FROB y a la Junta Única de Resolución. Fuentes diplomáticas europeas siguen defendiendo la actuación conforme a la legalidad de comunitaria, aunque auguran años de litigios.

«Hay un supervisor único, que es el BCE, y una Junta Única de Resolución, que se encarga de las resoluciones y liquidaciones de los bancos. Y ellos han sido los responsables», aseguró ayer el titular de Economía español, Luis de Guindos, a su entrada a la reunión de los ministros de Economía de los Veintiocho, insistiendo en la inocencia de las autoridades españolas y en que, de manera indirecta, los contribuyentes no pagarán los platos rotos.

König negó estar nerviosa ante posibles demandas y en todo momento defendió que la operación llevada a cabo por la junta consiguió que el banco abriera sus puertas con normalidad al día siguiente y preservó en su totalidad el dinero de los depositantes. Los eurodiputados españoles, sin embargo, criticaron la opacidad de la operación y preguntaron por la publicación del informe realizado por Deloitte a instancias del Banco Central Europeo y que fue el detonante definitivo para que el Eurobanco declarase el acta de defunción de la entidad. A pesar de que el propio Ejecutivo español se ha mostrado a favor de la publicación de este texto, König aprovechó la ocasión para mostrar el rechazo de la institución que preside a este ejercicio de transparencia alegando que el informe contiene demasiada información confidencial y, al menos por el momento, no puede ser publicado. Como regalo de consolación, ayer la Junta reveló una versión reducida. «Hemos publicado una versión no confidencial que incluye la información que no consideramos sensible o que respete la confidencialidad o secretos de negocio», explicó König. También dejó claro que el caso no está cerrado y habrá una evaluación post-morten que podría o no dar la razón al informe de Deloitte que precipitó la puja por Popular y su compra por Santander.

Dentro de las grietas de esta resolución, König también tuvo que responder a un tema delicado: una filtración a Reuters sobre la debilidad del banco que pudo precipitar la salida masiva de depósitos y sus propias declaraciones reconociendo que la Junta vigilaba de cerca a la entidad, al igual que a otros bancos europeos. En el primer caso, König negó ser la responsable de la filtración, sin aclarar una posible investigación interna por parte de la Junta y, sobre la segunda pregunta, defendió la prudencia de sus declaraciones.

Dentro del optimismo de su intervención, al calificar la operación como «de libro», König reconoció la necesidad de mejorar los mecanismos vigentes al calificar como «suerte» la oferta del Banco Santander. Actualmente, el fondo de resolución sufragado con las aportaciones de las entidades financieras no tiene la capacidad suficiente para auxiliar a una entidad del tamaño del Popular.

La responsable de la Junta también se unió a las voces que piden una mayor armonización en las normas nacionales que rigen las insolvencias de la zona euro, en referencia al caso italiano y, por eso, pidió a la Comisión Europea una revisión de las conocidas como ayudas de Estado. «La resolución puede ser necesaria, pero es problemática si la insolvencia ofrece mejores condiciones para los acreedores», esgrimió.