La nueva Ley de Telecomunicaciones facilitará el despliegue de redes y agilizará los trámites

El otro gran anuncio del Consejo de Ministros de ayer fue la aprobación del anteproyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones (LGT), que persigue facilitar el despliegue de redes y agilizar la tramitación de diversas licencias municipales.

En concreto, se prevé que esta nueva legislación permita duplicar la actual capacidad de banda ancha, lo que se traduciría en «un incremento del 0,3% del PIB», según anunció ayer el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Actualmente, España figura entre los países más caros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en banda ancha.

En lo que a banda ancha móvil se refiere, por ejemplo, los precios más altos por 2 gigabytes de capacidad contratados se dan en España con 26,43 euros. Así, la nueva regulación incluye normas encaminadas a reducir la «actual dispersión normativa» y simplificar los procedimientos para el despliegue de infraestructuras, lo que se traducirá en unos mejores precios para los consumidores.

Entre los objetivos de la TLC se encuentran, además, «alcanzar la unidad de mercado y reducir las cargas burocráticas de las administraciones», explicó el ministro. El Ministerio de Industria calcula que la inversión en los próximos años podría ascender hasta los 25.000 millones de euros.

Soria recordó que el anterior marco legislativo del sector data de 2003, siendo necesario «adaptarlo a la nueva realidad de las telecomunicaciones». Respecto a las mejoras para el usuario, la nueva Ley General de Telecomunicaciones incluye la realización de forma periódica de estudios de los distintos mercados, lo que permitirá fijar unas obligaciones específicas en cada uno de ellos. Por otro lado, los derechos del usuario también serán objeto de mejora.

También lo serán la privacidad y los datos personales, que serán tratados con mayor celo por las empresas al precisarse el régimen sancionador, que elevará a 20 millones las sanciones muy graves, en caso de abusos. Además, la nueva regulación contempla la creación de una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud que aumente la confianza en la seguridad medioambiental.