La reforma de la estiba, en peligro

Competencia se inclina por sancionar a la patronal y a los sindicatos por prácticas anticompetitivas. El Consejo de Estado aguarda la decisión para dar su visto bueno a la reconversión del sector.

Después de meses de negociaciones y de tensión en los puertos, los estibadores y la patronal del sector (Anesco) zanjaron sus diferencias en julio del año pasado con un acuerdo que parecía definitivo. A cambio de ofrecer paz social, los sindicatos consiguieron la subrogación por las empresas de los trabajadores de las Sagep, las sociedades públicas que monopolizaban el sector. El acuerdo quedó recogido con la modificación parcial del IV convenio del sector a la espera de cambios legales. El real decreto ley aprobado en el Congreso de los Diputados el 12 de mayo de 2017 para liberalizar el sector incluyó un reglamento en el que se desarrollan las condiciones para realizar la subrogación. Una vez aprobado este apéndice, patronal y sindicatos negociarán un nuevo convenio. Ahora, este andamiaje legal, que contó con el beneplácito del anterior Gobierno, se puede venir abajo.

A finales de 2017, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió una investigación ante las sospechas de que el convenio colectivo del sector en que quedó recogida la subrogación contenía aspectos contrarios a la competencia. El organismo aseguró entonces que apreciaba prácticas tendentes a la «restricción de la libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y en la limitación de la libertad de las empresas de participar o no en las sociedades cuyo objeto social sea la puesta a disposición de los citados empleados». Según han explicado a LA RAZÓN fuentes del sector, la CNMC ha comunicado ya a las partes interesadas sus conclusiones preliminares y en ellas concluye que la subrogación acordada por Anesco y los sindicatos es contraria a la competencia. Su intención, según las mismas fuentes, sería comunicar a las partes tal decisión en un plazo máximo de dos o tres meses, lo que implicaría una multa y un varapalo que podría tumbar la liberalización tal y como fue concebida.

Más de un año después de que se aprobase el real decreto ley de liberalización, el reglamento que cuelga de este texto y en el que queda recogido el marco normativo de la subrogación no ha visto todavía la luz. El anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lo remitió al Consejo de Estado para su análisis meses atrás. Aunque parecía que su tramitación en esta instancia sería rápida, todavía está allí retenido. Fuentes del sector aseguran que el consejo estaría a la espera de la decisión de la CNMV para adoptar su decisión, pues dar luz verde al reglamento y que Competencia le sacara punta dejaría en muy mal lugar a la institución pues supondría, de facto, cuestionar toda la arquitectura legal sobre la que se sustenta la liberalización. La subrogación fue el caballo de batalla de los sindicatos durante su conflicto con las empresas. Hasta que no lograron incluirla en el reglamento, no fue posible acuerdo alguno.

De concretarse la multa de la CNMC, no todas las compañías estibadoras se verían afectadas. Disconformes con el convenio que recogió la subrogación porque entendían que mantenía el «statu quo» en el sector, un grupo de operadores portuarios decidió abandonar Anesco y agruparse en la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (Asoport). El resto, incluidas grandes navieras como Maersk, que también son operadoras portuarias, pactaron con los sindicatos después de hacer números. Según explican las fuentes consultadas, «estas compañías suscribieron el acuerdo con los sindicatos porque para ellos es más caro tener un barco parado en el puerto que descargarlo con las condiciones recogidas con las subrogaciones, aunque esto último les suponga hacerlo a un coste más elevado que si el sector estuviese completamente liberalizado», explican.

La liberalización del sector de la estiba fue instada por la Comisión Europea que, ante las demoras, amenazó a España con fuertes multas que, finalmente, no llegó a ejecutar. Eso no significa que desde Bruselas no se vigile lo que está haciendo España. Es más, las fuentes consultadas aseguran que desde la capital comunitaria se han enviado varios requerimientos preguntando por qué todavía no está aprobado el reglamento que daría sustento a las subrogaciones.