La UE limita a 4.000 millones el rescate de las autopistas

MADRID- Fomento y los bancos atrapados por la quiebra de las autopistas de peaje de última generación siguen sin alcanzar un acuerdo sobre su rescate. Sea cual sea la fórmula que hallen, el tope máximo que la UE permite desembolsar al Estado sería 4.000 millones de euros, según advierten fuentes gubernamentales. La cantidad equivale a la indemnización, conocida como Responsabilidad Patrimonial Administrativa (RPA), que tendría que pagar a las concesionarias si las autopistas van a la liquidación y vuelven a manos públicas. Todo lo que supere esa cifra se consideraría ayuda de Estado y, por tanto, sería ilegal, añaden las mismas fuentes.

Propuesta de Fomento

El tope de Bruselas es el que marca en este momento el ritmo de las conversaciones. En octubre, Fomento presentó un plan en forma de concurso de acreedores que cuenta con el visto bueno de los tribunales y sobre el que ahora se está discutiendo. La propuesta incluye la creación de una sociedad pública para gestionar las nueve vías en riesgo de disolución. A cambio, la banca aceptaría una quita del 50% sobre los 4.000 millones de deuda bancaria de las vías; las constructoras, otra similar sobre los 480 millones que se les deben por obras no pagadas y la pérdida por parte de los accionistas de las sociedades que gestionan las vías de su inversión, 1.760 millones.

Para devolver el pasivo de 2.000 millones que se seguiría debiendo a la banca, Fomento ha propuesto emitir un bono a 30 años para el que ofrece una rentabilidad anual del 1%, lo que le permitiría no desbordar las exigencias de Bruselas. Sin embargo, la banca solicita que el interés se acerque al 3%, similar al del bono del Tesoro español a 30 años. El problema es que un tipo que rondara dicha cantidad pondría en riesgo el límite de la Unión Europea.

El problema de la rentabilidad del bono no es, sin embargo, el único que hay encima de la mesa. Hasta ahora, se daba por hecho que la banca nacional asumiría la deuda de la banca extranjera, de unos 300 millones. Pero ya no está tan claro que lo haga.

En caso de que no se lograse ningún acuerdo, las autopistas irían a la liquidación y se activaría la RPA. Fomento no quiere llegar a este extremo porque supondría un duro revés para futuros proyectos concesionales por la inseguridad jurídica que crearía. No obstante, de tener que llegar a tan drástica solución, ya se ha asegurado un mecanismo para rebajar los 4.000 millones actuales de la RPA. En enero de 2014, anunció una modificación legal por la cual el Estado puede descontar de esta indemnización las cantidades que se vea obligado a pagar por los tribunales en concepto de expropiaciones por la insolvencia de las concesionarias. Varias fuentes apuntan a que esta cantidad podría rondar los 1.800 millones de euros.