La unidad de mercado supondrá un aumento anual del 0,15% del PIB

La normativa persigue asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional y eliminar el coste que conlleva adaptarse a las distintas normativas autonómicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una norma que permitirá a las empresas y profesionales ofrecer sus productos o servicios en toda España con una única licencia y que conllevará un aumento del PIB de 1.500 millones de euros al año.

La nueva normativa, inspirada en los principios de licencia única y legislación de origen sobre los que se basa el Mercado Único Europeo, persigue asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional y eliminar el coste que conlleva tener que adaptarse a las distintas normativas autonómicas, dijo hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.

Ahora, hay empresas que están obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o a pedir hasta 17 licencias para ofrecer un servicio en España, país en el que se han publicado más de 100.000 leyes estatales y autonómicas desde 1978.

A modo de ejemplo, Saenz de Santa María ha explicado que una empresa que vende un producto alimentario debe incluir en el etiquetado especificaciones distintas de su composición en función del lugar donde se comercialice y un fabricante de máquinas recreativas debe producir varias versiones de un mismo aparato para poder venderlo en todo el país.

Hoy, una empresa que construye colegios en la comunidad en la que tiene su sede no los puede construir directamente en la de al lado, en tanto que un fontanero no puede ejercer su profesión en varias autonomías sin contar con autorización en todas ellas.

El departamento de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Competitividad calcula que la aprobación de esta ley conllevará un aumento del PIB del 1,52 % en sus primeros diez años de vigencia, lo que supone un incremento anual del 0,15 equivalente a 1.500 millones de euros al año.

La nueva ley dará respuesta a las reclamaciones de operadores nacionales e internacionales quienes en reiteradas ocasiones han denunciado que la "sobreabundancia normativa"supone un "claro"desincentivo a la inversión, aumenta la inseguridad jurídica e impide beneficiarse de las economías de escala.

"Es una norma que beneficia todos y no perjudica a nadie. No es una ley armonización ni recentralización de competencias. No se mete en las competencias de nadie", ha dicho la vicepresidenta, quien ha añadido que las autonomías más beneficiadas serán las que tienen los sectores industriales y de servicio más importantes: Cataluña, Madrid y País Vasco.

La nueva regulación, necesaria para elevar la competitividad y recuperar empleos, permitirá reducir en un 35 % las cargas administrativas, que actualmente representan en 4,6 % del PIB, ha afirmado.

"Pido a todos que veamos esto con ojos muy diferentes. No decimos a nadie cómo tiene que regular", ha dicho Saenz de Santamaría tras explicar que el anteproyecto pasará por la Conferencia Sectorial del Comercio para recabar el máximo consenso entre todas autonomías.

La ley se basa en la confianza y el reconocimiento muto y en la responsabilidad de todas las administraciones, o lo que es lo mismo que una autonomía se "fíe"de aquella que da la licencia.

La norma establece la creación del Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación administrativa que velará por el cumplimiento de la ley, estará presidido por el ministro de Hacienda y contará con la participación de los consejeros autonómicos del ramo.

Además, habilita a los operadores a denunciar ante la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los actos o sanciones de las administraciones públicas que consideren que vulneran la unidad de mercado.

La CNMC deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud y, en caso de que la admita a trámite, interpondrá recurso ante autoridad judicial, lo que podrá significar la suspensión automática del acto recurrido.

Además, para garantizar la igualdad de condiciones de las empresas y profesionales en todo el territorio nacional, la ley incluye el principio de no discriminación.

Esto evitará, por ejemplo, que para dar una autorización a una empresa sea necesario que sus empleados hayan recibido cursos de formación en dicha comunidad.