La «tasa Google» será efectiva en 2019

El alza pactada de las pensiones fuerza al Gobierno a apretar a los gigantes tecnológicos.

Con acuerdo o sin acuerdo en el seno de la UE, España da un paso al frente para imponer una tasa a los gigantes tecnológicos con efectos a partir del año 2019. El ministro de Economía, Román Escolano, aprovechó ayer la reunión con sus homólogos europeos en Sofía (Bulgaria) para hacer este anuncio. El tiempo apremia. Un día antes, el ministro de Hacienda ya había explicado que este nuevo impuesto servirá para tapar el agujero de las pensiones, después de que el Ejecutivo haya dado marcha atrás en sus deseos de desvincular las pensiones al IPC, a cambio de la luz verde del PNV a los presupuestos.

Esta propuesta será abordada en el marco del Pacto de Toledo y, según el Ejecutivo, ayudará a financiar la subida de las pensiones que tendrá un coste de, al menos, 1.500 millones de euros este año y 1.800 millones en 2019. El Gobierno enviará mañana a la Comisión Europea el nuevo Plan de Estabilidad, que incluye este aumento del gasto, pero mantiene invariado el objetivo del déficit en el 2,2% del PIB para este año. Aunque Madrid no ha anunciado exactamente cuánto dinero piensa recaudar con esta nueva tasa, confía en el robusto crecimiento económico para cuadrar las cuentas.

«Nuestra idea es presentarlo cuanto antes y que tenga efectos también en 2019 y sucesivamente», aseguró Escolano tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho que precisamente ayer debatieron la puesta en marcha de este impuesto en todo el territorio comunitario. Según el ministro español, «una inmensa mayoría de socios está a favor». Aunque Escolano no aportó ayer ningún dato concreto sobre esta nueva tasa, desveló que la definición europea «va en paralelo de la definición española» y que la tramitación de ambas también «transcurrirán en paralelo».

La Comisión Europea, a instancias de Francia, ha propuesto recaudar un 3% sobre la facturación de grandes empresas tecnológicas con el propósito de gravar su actividad dónde se producen los ingresos, independientemente de dónde se encuentre su sede física. Este gravamen que plantea Bruselas tan sólo afectaría a las empresas que facturen al año más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE.

El propósito con estos umbrales es no perjudicar a las pequeñas y medianas empresas europeas que deben moverse en un entorno de fuerte predominio de los gigantes estadounidenses como Apple, Google o Facebook. Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, mientras las empresas tradicionales abonan de media un 23,2% de impuesto de sociedades, esta cifra se reduce hasta el 9,5% por parte de las digitales. La Comisión Europea pretende recaudar 5.000 millones anuales de esta iniciativa como planteamiento a corto plazo, ya que Bruselas pretende una reforma radical del impuesto de sociedades para que se tenga en cuenta la generación de valor y la presencia digital independientemente de la sede física de las empresas.

En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en el mes de marzo en Bruselas, emergieron ya las primeras diferencias y un escenario muy similar volvió a producirse ayer. Países con una planificación fiscal agresiva como Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Malta se oponen a este impuesto y prefieren un acuerdo global en el marco de la OCDE. Fuentes diplomáticas explican que estos países tienen miedo de que éste sea el primer paso para una mayor armonización fiscal en la UE. Por el momento, parece difícil. Cualquier tipo de medida sobre fiscalidad necesita de la unanimidad de los Veintiocho. Dentro de los defensores de la medida están Francia, Portugal, Italia, Polonia, Eslovaquia y Bulgaría.

«Algunos países no quieren tener medidas a corto plazo, prefieren tenerlas a largo plazo, pero desde nuestro punto de vista necesitamos ambas», aseguró el ministro de Finanzas búlgaro, Vladislav Goranov, cuyo país ostenta la Presidencia rotatoria de la UE este semestre. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, pidió a los Veintiocho poner en marcha iniciativas que sean «coherentes» con las que vayan a adoptar a largo plazo y que «si sienten la necesidad» de aprobar medidas «temporales», éstas puedan suprimirse.