Las administraciones apenas entregaron 4.938 viviendas de protección oficial en 2017

El Defensor del Pueblo denuncia que España está a la cola de Europa en la materia

La vivienda o, mejor dicho, las dificultades de buena parte de la población para acceder a la misma, está centrando buena parte del debate político en los últimos meses. La escalada de precios ha dejado sin opción de compra a muchos demandantes por su falta de ingresos. Para ayudar a los colectivos más desfavorecidos, una de las soluciones tradicionales ha sido la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) con precios de venta y alquiler asequibles. Pero esta última opción también ha hecho aguas en los últimos tiempos. Según ha denunciado hoy el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) se ha desplomado. El año pasado, las administraciones apenas entregaron 4.938 inmuebles de esta tipología. Hace quince ejercicios, se edificaron quince veces más, según ha expuesto en la jornada inaugural del curso “El derecho a una vivienda digna en la España actual” que organiza la Universidad Menéndez Pelayo en Santander.

El Defensor ha asegurado que en España “el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es excesivo”. Fernández Marugán ha recordado que, según los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares correspondiente a 2017, el mayor gasto de las familias es el dedicado a la vivienda. El año pasado la media nacional del gasto en vivienda se elevó a 8.774 euros, un 30,1% del total. En su opinión, además de los precios, que obligan a estos esfuerzos, hay otros problemas que impiden el acceso a la vivienda a muchos españoles, como el reducido nivel de gasto público destinado a ayudas para acceder a la misma y las escasas viviendas sociales disponibles.

Ante la imposibilidad de comprar, muchos españoles se han visto obligados a optar por el alquiler, como ha recordado Fernández Marugán, una alternativa que también se está complicando mucho en según qué ciudades como Madrid y Barcelona por el aumento de la demanda y la falta de oferta. A ello se suma, además, la aparición del alquiler turístico que, a juicio del Defensor, “ha distorsionado el mercado inmobiliario de alquiler residencial tradicional” contribuyendo a disparar los precios.

Para darle la vuelta a la situación, el Defensor ha abogado por un cambio en la política de vivienda. En su opinión, “es urgente formular una oferta pública a favor del alquiler social para que los colectivos más desfavorecidos y los jóvenes puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo”. Lo es, ha señalado, porque España está entre los países europeos con un menor nivel de protección social en materia de vivienda. Por eso, Fernández Marugán ha recibido con satisfacción el anuncio del Gobierno de poner en marcha medidas para que crezca la oferta de pisos en alquiler, dejen de escalar los precios y se facilite el acceso a la vivienda de jóvenes y familias de rentas bajas. José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha anunciado la construcción de 20.000 viviendas destinadas a alquiler social. Es una solución, como el mismo Ábalos ha reconocido, a medio plazo pues no estarán listas hasta dentro de cuatro o seis años. También ha anunciado que incrementará las ayudas al alquiler para jóvenes y ampliar el plazo mínimo de duración de los contratos de alquiler a cinco años.