Las administraciones deben 400 millones en luz

Pese a que el Plan de Pago a Proveedores ha aligerado las deudas que mantienen las administraciones con sus suministradores, éstas mantienen aún impagos cercanos a los 400 millones de euros en recibos de la luz, según los datos recabados por LA RAZÓN de fuentes del sector.

Esta deuda supone una cifra muy similar a la que mantenían las corporaciones locales y CC AA con las cinco grandes compañías de electricidad (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.ON España) a mediados de 2011 y que superaba por entonces los 500 millones. El pico de la crisis provocó en 2011 que el 30% de la facturación de las administraciones públicas con las suministradoras de energía correspondiera a recibos cuyo periodo de pago había expirado.

La deuda se acumula entre las tres principales compañías eléctricas y, en particular, en Endesa e Iberdrola. En el caso de esta última, supone casi el 40% de la deuda vencida total, a pesar de que representa menos del 8% de la facturación.

La morosidad de las administraciones representa la mayor partida de los impagos registrados. A pesar de que la crisis ha golpeado por igual a familias, pymes e industrias, el incremento de la morosidad en estos sectores no ha variado significativamente. Sin embargo, ayuntamientos y comunidades autónomas son la excepción y su deuda –a pesar de las significativas cantidades recibidas en los meses de mayo y junio del pasado año a través del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores– se mantiene estable, llegando incluso a dispararse en el caso de alguna empresa suministradora.

La situación es compleja, puesto que el único recurso, tras agotar las vías de negociación, es el corte temporal del suministro. Sin embargo, las compañías desconocen a menudo qué servicio se ofrece en el punto de suministro contratado –si se trata de una biblioteca, un colegio o un polideportivo–, por lo que utilizan en contadas excepciones esta vía de presión.

El modo de actuación ante una Administración morosa está regulado mediante un procedimiento establecido. Las compañías tratan de agotar todas las vías de negociación antes de evitar la suspensión del servicio, que, en cualquier caso, sólo se aplica, como contempla la ley, a los suministros considerados como no esenciales. Para hacer frente a los casos más complejos, que requieren un tratamiento específico por su cuantía, complejidad o antigüedad, las eléctricas disponen, como en el caso de Iberdrola, de unidades especiales de gestión de deuda.

A esta deuda se añade el problema de las administraciones públicas con 10.270 contratos de electricidad que han perdido el derecho a Tarifa de Último Recurso (TUR) –la más común al ser una tarifa «refugio» y a la que están acogidos 20 millones de consumidores– y que siguen siendo suministrados con esta tarifa con un recargo del 20%. La penalización que determina la ley castiga el hecho de que, pese a no tener derecho a esta tarifa, las corporaciones y comunidades autónomas que se encuentran en esta situación no han encontrado una comercializadora en el mercado libre. Según la Comisión Nacional de la Energía (CNE), existen hoy 46.553 puntos de suministro que sin tener derecho a la tarifa «refugio» siguen acogidos a ella.

Esta cifra es un tercio de los 122.000 puntos que existían el 1 de enero de 2012. De estos, 22.847 contratos pertenecen a los hogares españoles con más de 10 kilovatios de potencia. Otros 12.732 corresponden a pymes y 432, a grandes consumidores. De los 10.270 contratos sin derecho a TUR a los que las comercializadoras de último recurso siguen suministrando esta tarifa, 533 son de alta tensión y 9.737 de baja.

La última orden de tarifas de Industria prorroga un año más la excepcionalidad de esta situación, por lo que las administraciones y el resto de consumidores sin derecho a TUR pero facturados con esta tarifa podrán continuar como hasta ahora de publicarse la orden ministerial en el BOE. De lo contrario, quedarán en un limbo que podría derivar en cortes de suministro. La CNE considera que el 16% de estos contratos (7.440) corresponde a suministros esenciales que no pueden sufrir cortes. La asociación de consumidores Facua ha recomendado a los consumidores no abandonar la TUR. Asegura que cambiarse al mercado libre encarece la factura hasta en un 11%.