Las radiales, 320 millones más caras si la Justicia da la razón a los fondos

Son los intereses de demora que calculan por un proceso que De la Serna considera casi inevitable.

Si quedaba alguna posibilidad de que el Gobierno y los fondos acreedores de las autopistas de peaje en quiebra llegaran a un acuerdo para rebajar la factura del rescate de las vías, ayer quedó prácticamente extinguida. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ve complicado que ambas partes alcancen un acuerdo sobre la cantidad que el Estado deberá abonar a estos vehículos de inversión en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Esta es la compensación que debe pagar a los fondos por liquidar por adelantado los contratos de concesión en concepto de la inversión realizada para la construcción de la vía y que no ha sido recuperada todavía. «Yo creo que hubo tiempo para eso –el acuerdo– y ahora mismo estamos fuera de plazo», aseguró De la Serna en declaraciones a la prensa tras participar en Efe Foro Líderes.

Sin acuerdo, lo que queda es la vía judicial. Una vez que las autopistas sean liquidadas y reviertan al Estado, proceso que comenzará el mes próximo con la radial 4 Madrid-Ocaña, el Gobierno cuenta con un plazo de seis meses para calcular la factura de RPA de cada una de las nueve autopistas quebradas desde la fecha en que se resuelve el actual contrato de concesión de la vía. De la Serna «sospecha» que esa cifra no será compartida por los acreedores, que ya han anunciado su intención de recurrir a los tribunales si no se les paga lo que reclaman. Aunque, como explicó el ministro, todavía no hay cifra oficial para la RPA, el plan presupuestario para 2018 remitido por el Gobierno a Bruselas ha reservado 2.000 millones de euros para su pago. Una cifra que dista mucho de la que manejan los fondos: 4.500 millones de euros.

Intereses de demora

La batalla judicial a que aboca tal discrepancia será larga y podría tener un coste notable para las arcas del Estado. Fuentes próximas a los fondos acreedores calculan que, hasta que haya sentencia firme del Tribunal Supremo, el proceso podría demorarse al menos seis años. Si, finalmente, la Justicia diera la razón a los acreedores, la factura de la RPA sería superior a la ahora estimada. Si el cálculo final de la responsabilidad se fuese hasta los 4.000 millones de euros, el Estado tendría además que abonar unos intereses de demora que, al tipo legal del dinero actual del 3%, podría sumar otros 770 millones de euros, si bien los fondos reducen la cuantía hasta los 320 millones de euros.

Aunque De la Serna cerrase ayer de forma casi definitiva a cualquier posible negociación y limitó las opciones a que los fondos hagan una oferta «extremadamente atractiva», los acreedores siguen tendiendo la mano y están dispuestos a una quita para alcanzar un acuerdo que evite llegar a los tribunales. Se muestran abiertos también a buscar fórmulas para diferir en los próximos años el impacto de la RPA en el déficit. Pero también advierten: si el Gobierno no está dispuesto a negociar con ellos, irán «hasta el fin del mundo en los tribunales. Pleitearán hasta donde sea necesario por cada millón», explican las fuentes consultadas.

Que estén dispuestos a negociar no significa que los fondos sean optimistas respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo. No lo eran incluso antes de las palabras de ayer del ministro De la Serna. Su percepción es que desde el Gobierno consideran que, en este momento, un acuerdo tendría un mayor coste en términos políticos que la vía judicial. Esta alternativa la brinda al Ejecutivo la posibilidad de argumentar que se han atenido en lo pagado a lo dicho por los tribunales.

Nueva licitación

Para amortiguar el coste de la RPA, el Gobierno tiene previsto volver a licitar este año las autopistas quebradas en dos lotes. Según sus cálculos, con el proceso podría ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros. Uno de los lotes estará integrado por la Circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera. El otro agrupará la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo).