Los astilleros no tiran la toalla y confían en reducir las devoluciones

La Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) estudiará todas las acciones legales a su alcance ante la decisión de la Comisión Europea de ordenar a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones del «tax lease» entre los años 2007 y 2011. Álvaro Platero, presidente de Pymar, mantiene algunas esperanzas para que no sea necesario llevar a cabo la devolución, ya que la Comisión Europea ha dejado en manos del Gobierno español el cálculo de su cuantía. Pymar no ha escatimado adjetivos contra la decisión, a la que tacha de «injusta y discriminatoria»

Para Pymar, la obligación de devolver ese dinero es «absolutamente injusta» porque el sistema de ayudas fue avalado en 2009 por la entonces comisaria de la Competencia y porque a Francia no se le obligó a devolver las ayudas dadas bajo un sistema similar al español. «Seguiremos peleando por el sector naval y las 87.000 familias que dependen de nosotros», aseguró Platero, quien ha destacado la unidad inédita de las instituciones –Gobierno, autonomías, parlamentarios, eurodiputados, sindicatos, empresarios y trabajadores– que se ha producido en defensa del naval. También ha señalado como positivo el hecho de que finalmente se haya reducido en dos años el plazo de devolución de las ayudas –inicialmente se barajó de 2005 a 2011– y que hayan quedado excluidos del pago astilleros y armadores.

Agradecimiento al Gobierno

Estos avances, ha destacado, se han conseguido gracias al apoyo del Gobierno, «que confiamos que seguirá siendo total en la fase que viene ahora, la de la recuperación, para que se puedan atenuar al máximo posible los daños de la resolución. Confiamos en que el Gobierno lo pueda hacer porque ha demostrado que apoya al sector naval y porque Almunia ha dicho que la cuantía a devolver y cómo se debe hacer serán determinados por Hacienda», ha apuntado al respecto la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo. En su opinión, eso «matices» introducidos ayer por el comisario de Competencia en su discurso dan pie a la esperanza. «Confiamos en que lo van a hacer lo mejor posible para defender al sector» y evitar cierres de instalaciones, ha insistido López del Pozo, quien ha pedido al Ejecutivo que, para atraer, a nuevos inversores ponga en valor el actual sistema de ayudas al sector, que cuenta con el aval de Bruselas, según informa Efe.

Todos los eurodiputados españoles lamentaron ayer la decisión adoptada por la Comisión Europea. «La bondad o maldad de la misma la comprobará el propio Almunia viendo si los astilleros continúan abiertos o entran en concurso de acreedores dentro de unos meses», señaló a Efe el diputado del PP Salvador Garriga.

Por su parte, el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo aseguró en un comunicado que la sentencia no responde a sus «peticiones ni preocupaciones», aunque cargó la responsabilidad sobre el Gobierno español, por no haber informado sobre las ayudas. «Esta situación se hubiera podido evitar si las autoridades españolas hubieran notificado el sistema de ayudas en 2002 y se hubieran tomado en serio un expediente que, desgraciadamente, parecen haber descubierto hace quince días», sentenció el gallego.

También contundente fue el líder de la delegación socialista en el PE, Juan Fernando López Aguilar, quien mostró «rotundo rechazo» a la decisión de Bruselas, que, dijo, «amenaza un sector que está luchando a brazo partido por su supervivencia». El eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer alertó de que la decisión «supondrá el cierre del sector» y «producirá inseguridad jurídica entre los inversores, de tal manera que éstos preferirán construir en otros países».