Los fondos de las radiales quebradas piden negociar

Se muestran dispuestos a acordar un precio para la RPA. El Gobierno aprueba el convenio para gestionar las vías cuando reviertan al Estado

Fomento puso ayer oficialmente en marcha el mecanismo para hacerse con el control de las nueve autopistas de peaje ahora en quiebra y cuya gestión, según su previsión, revertirá el año próximo al Estado. El Consejo de Ministros aprobó el convenio para que la empresa pública Seittsa se haga cargo de la explotación de las vías en cuanto los juzgados establezcan esta devolución. La compañía será la encargada, además, de preparar la licitación de los nuevos contratos para la gestión de estas vías, que seguirán gestionadas en régimen de peaje. La intención del Gobierno es volver a concesionarlas en el mismo año 2018 para mitigar su impacto en el déficit público. Los contratos de estas autopistas establecen que el Estado indemnice con la denominada responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) a las concesionarias si el contrato, como es el caso, se resuelve antes de la fecha de vencimiento que tiene establecido. El valor de la RPA, que se fijará por ley, computará como déficit público y lo que el Ejecutivo quiere es que los ingresos de la nueva licitación contribuyan a amortiguar el desfase en las cuentas públicas.

Hasta ayer mismo, se daba casi por sentado que los fondos que controlan el 75% de la deuda de las vías habían cerrado la puerta a negociar la RPA y, sencillamente, estaban a la espera de ver qué cantidad se fijaba, si les satisfacía y, en caso contrario, iniciar las reclamaciones judiciales pertinentes. Sin embargo, fuentes de estos fondos aseguraron que siguen abiertos «a una solución negociada que ayude a evitar más retrasos y minimizar los costes para el Estado». Según estos inversores, la RPA debe ser devengada en un plazo máximo de nueve meses desde la liquidación de la vía cosa que que no ha ocurrido con una de las autopistas afectadas, la AP-36 (Ocaña-La Roda). Estos retrasos, advierten, devengan intereses. Para minorar el impacto de esta responsabilidad en las cuentas del Estado, los fondos solicitan al Gobierno una actitud «pro activa y justa» que evite los litigios.

Aunque el Tribunal de Cuentas ha establecido que, como máximo, la RPA podría ascender a 3.500 millones de euros, el sector concesional la eleva a cerca de 5.000. Fomento la sitúa por debajo de los 3.500 millones pues, según su criterio, ese es el límite máximo que ofertan los pliegos.

Rechazo del anterior plan

El ofrecimiento de negociar llega después de que la banca primero y estos fondos oportunistas después rechazasen el plan propuesto por Ana Pastor cuando era ministra de Fomento en el que su actual titular, Íñigo de la Serna, también insistió. El proyecto contemplaba que el Estado, a través de Seittsa, se quedara con las autopistas, tras aplicar una quita del 50% a la deuda de unos 3.400 millones de euros que soportan. El pasivo restante se titulizaría en un bono a treinta años con un tipo de interés del 1%.

Los fondos quieren aprovechar también el nuevo plan extraordinario de carreteras público-privado de 5.000 millones recién lanzado por el Ejecutivo para meter presión. Así, entienden que una solución que evite litigios «es fundamental para la percepción internacional sobre la seguridad jurídica en España y el riesgo de pago de la administración y, por tanto, para el éxito de la financiación del nuevo plan de inversiones del Estado en carreteras».