Los jubilados que trabajen sólo pagarán el 8% a la Seguridad Social

El Gobierno mantendrá intacta la «cuota de solidaridad» para los pensionistas activos que cobren el 100% de la prestación

Que el sistema de pensiones necesita un vuelco es un axioma sobre el que no existe discusión alguna, disputas políticas al margen. El envejecimiento de la población, un éxito del sistema de salud español, supone sin embargo una pesada carga para la Seguridad Social y obliga al Estado a tomar medidas. Las proyecciones no dejan lugar a la duda: el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,7% del total, pasaría a ser del 25,6% en 2031. En tan sólo 15 años cuatro de cada diez españoles será un jubilado o estará a las puertas de serlo, según el INE. La situación no hará más que agravarse y en 2066 el 34,6% de la población tendrá 65 años o más.

Ante el riesgo de perder como fuerza laboral a un porcentaje tan elevado de la población, el Gobierno puso en marcha en marzo de 2013 la posibilidad de simultanear el cobro del 50% de la pensión con un empleo remunerado como ya ocurría en otros países de la Unión Europea.

La medida, que se consideró «imprescindible» para la sostenibilidad de las pensiones, contenía una serie de condiciones. La primera, que sólo pueden acogerse los trabajadores que tengan derecho a la pensión completa. La segunda, que los funcionarios públicos quedan excluidos de la norma. La tercera, que el acceso viene marcado por haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, actualmente fijada en 65 años y cuatro meses.

Por último, la norma estipula que la medida no es compatible con la jubilación anticipada ni bonificada por trabajos penosos o tóxicos.

Hasta ahora, la cuantía era del 50% de la pensión que le correspondía al trabajador, es decir, del importe del reconocimiento inicial y de las revalorizaciones, sin incluir complementos a mínimos. Respecto a la cotización, la empresa y el trabajador (pensionista) cotizan sólo por incapacidad temporal y por contingencias profesionales. La aportación a la Seguridad Social queda recogida en una «cuota de solidaridad» no computable para prestaciones del 8% (el 6% a cargo de la empresa y el 2% restante a cuenta del trabajador).

Hasta octubre, un total de 30.927 pensionistas compaginan el cobro del 50% de la pensión con un empleo, el 85% de los cuales son autónomos, según los datos recabados por la Seguridad Social. De éstos, la inmensa mayoría son pequeños negocios familiares.

A partir de enero, los «jubilados activos» podrán ampliar al 100% la percepción de la pensión con las condiciones vigentes, a falta de que se concrete en la comisión del Pacto de Toledo, según indicaron ayer a LA RAZÓN fuentes de la Seguridad Social. Esto implica que los pensionistas trabajadores seguirán pagando en torno a un 8% a la Seguridad Social.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que la medida para compatibilizar el 100% de la pensión con una renta del trabajo «no es una medida aislada» y tiene que verse dentro de un conjunto de iniciativas para asegurar la sostenibilidad del sistema, en el marco del Pacto de Toledo. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta señaló que se están analizando «un conjunto de reformas que, a nuestro juicio, tienen que ser abordadas dentro del Pacto de Toledo con un horizonte a medio y largo plazo».

La «número dos» del Ejecutivo en funciones afirmó que compatibilizar el 100% de la pensión con un salario es una dinámica «que dependerá del análisis de hasta qué punto se produce esa compatibilización y de qué esquema estemos hablando en el conjunto de recursos del Sistema de Seguridad Social».

Las claves

- ENVEJECIMIENTO. En tan sólo 15 años, cuatro de cada diez españoles tendrán 65 años o más. La situación se irá agravando hasta que, en 2066, el 34,6% de la población alcance esa edad, según las proyecciones facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística.

- BENEFICIOS FISCALES. Compaginar trabajo y pensión tiene beneficios para el Estado. Los pensionistas activos tributan por la percepción de la prestación y además pagan una «cuota de solidaridad» del 8% (el 6% a cargo de la empresa y el 2% restante a cargo del trabajador).

- EXTENDER LA VIDA LABORAL. El Gobierno considera «imprescindible» para la sostenibilidad de las pensiones que los jubilados se mantengan activos. El peso de las prestaciones sería parcialmente compartido, ya que el jubilado sigue

- LOS SINDICATOS, EN CONTRA. Tanto UGT como CC OO se mostraron ayer en contra de la medida, que calificaron de «demagógica», ya que no tendrá ningún impacto en el sistema de pensiones y que podría ser regresivo.