Los regantes, en armas por la subida de las tarifas eléctricas

El Gobierno tiene abiertos en estos momentos cuatro frentes con el sector agroalimentario en asuntos que no son competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ya que son cuestiones relacionadas con la política fiscal y la reforma energética. Se trata de la posible eliminación del régimen de módulos por el que tributan algunos colectivos de autónomos y que utilizan muchos agricultores y ganaderos, una hipotética subida del IVA, las tarifas eléctricas para el riego y el cierre de las plantas de tratamiento de purines, que va a perjudicar especialmente a los ganaderos de porcino.

El grupo de sabios creado por el Gobierno para que presente un informe sobre una reforma integral del sistema tributario español, conocido con el nombre de Comisión Lagares, pretende plantear, salvo cambios de posición de última hora, que se suprima con carácter general el régimen de módulos para los autónomos, que utilizan muchos agricultores y ganaderos, especialmente los más pequeños, en sus relaciones con la Administración tributaria española. Sostienen los expertos de la citada comisión que ese sistema, que también afecta a otros colectivos, es un nido de fraude generalizado. Esos colectivos pasarían a tributar por el régimen de estimación directa.

Está previsto que el informe se presente a lo largo de este mes de febrero. Si finalmente se mantiene esta propuesta, el Gobierno debería decidir si acepta la supresión, o no, del régimen de módulos cuando elabore sus proyectos de reforma fiscal.

Una hipotética subida de los tipos del IVA, desmentida en varias ocasiones por miembros del Ejecutivo, también ha despertado preocupación en el conjunto del sector agroalimentario, ya que afectaría al consumo de productos de primera necesidad.

Mientras tanto, los otros frentes abiertos corresponden al Ministerio de Industria y Energía. Los regantes y las organizaciones agrarias han pedido que se cambie el sistema de tarifas eléctricas para riego que existe en estos momentos, por considerar que perjudica gravemente a los que utilizan esta fuente de energía para regar. Uno de los problemas más importantes radica en la potencia contratada que se tiene que pagar todo el año, aunque sólo se utilice durante unos pocos meses.

Hasta el momento, el ministro Soria y el secretario de Estado de Energía, Nadal, han hecho oídos sordos a las peticiones que han llegado desde el sector agrario. El último punto conflictivo nace de la reforma energética y eléctrica planteada desde este último Ministerio y afecta a las empresas que se dedican a la transformación de purines, que han comenzado a cerrar y, en consecuencia, a los ganaderos de porcino. Más de 2.000 explotaciones gestionan sus purines a través de las 29 plantas existentes.