Los titulares de las hipotecas pactadas antes del decreto-ley pagarán el AJD

Las entidades arguyen que, aunque se firme ahora, el contrato se negoció según las condiciones previas.

Ayer entró oficialmente en vigor el real decreto-ley publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre las hipotecas. En él, se dictamina que el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) recae desde el sábado en los bancos y no en los clientes, que habían estado pagándolo desde 1993. Además, se estipula que no se lo podrán deducir en el Impuesto de Sociedades.

A pesar de ello, algunos notarios consultados por LA RAZÓN aseguran que los bancos siguen cargando el impuesto a aquellos clientes que habían pactado pero no firmado la hipoteca con anterioridad a la entrada en vigor del decreto-ley. Argumentan que el contrato «se negoció en el marco fijado por el Tribunal Supremo a la fecha de la presente escritura». Los notarios afirmaron que continuarán informando a las partes implicadas en la firma de una hipoteca de que, desde ahora, son las entidades las que deben pagar el impuesto de AJD.

Aunque casi la totalidad de las entidades dan por hecho que terminarán cargando al cliente este impuesto, lo cierto es que, de momento, los bancos consultados mantienen las condiciones de sus préstamos hipotecarios. Una circunstancia corroborada por CrediMarket, un comparador online de productos financieros que monitoriza todos los préstamos hipotecarios. Con toda la atención sobre sus espaldas, parece complicado que ninguna entidad dé ahora el paso de encarecer sus hipotecas. La propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) advirtió ayer de que no permitirá que el sector bancario adopte conductas coordinadas o lleve a cabo recomendaciones colectivas para repercutir el AJD.

Que los bancos no muevan ficha ahora no implica que no van a hacerlo en un futuro. Algunas advierten de que si los tipos de interés varían, tendrán que adaptarse a ellos.

La jornada de ayer en las sucursales bancarias, la primera tras la entrada en vigor del decreto-ley, transcurrió de forma muy diferente según la fuente consultada. Los bancos aseguraron que discurrió con normalidad y sin «picos» de información por parte de los clientes sobre las hipotecas. Sin embargo, organizaciones como Adicae denunciaron que la banca actuó con una «confusión deliberada». Aseguraron que, en algunos casos, las ofertas presentadas en internet eran muy diferentes a las que se ofrecían en persona. Y que en otros, las informaciones sobre el AJD son «confusas y, en muchos casos, anticuadas», así como en otros gastos declarados abusivos.