Los VTC amenazan con ser otras radiales

El Estado afrontará pagos milmillonarios por la responsabilidad patrimonial si los tribunales fallan en contra de su decisión de expulsar a la mayoría de los vehículos de Uber y Cabify de las ciudades dentro de cuatro años.

En apenas un par de meses, está previsto que el Estado comunique a los fondos de inversión que controlan las autopistas radiales quebradas el monto al que asciende la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Tras quebrar las concesionarias de las vías y liquidarse por adelantado sus contratos, España está obligada a indemnizar a estas compañías para compensarlas por los ingresos que dejarán de obtener en los años en los que no podrán explotar las vías y con los que contaban para amortizar su inversión. En principio, el Estado calcula que el pago no excederá los 1.800 millones de euros, según ha comunicado a Bruselas. Los fondos, sin embargo, elevan la cantidad hasta los 4.000 millones. Y después de haber ofrecido una solución negociada a Moncloa que ha sido rechazada, ahora están dispuestos a reclamar ante la Justicia hasta el último céntimo si la cantidad que se les ofrece por la RPA no se ajusta a sus cálculos.

Batalla judicial

Los tribunales se perfilan también en el horizonte como el destino más probable del conflicto abierto entre el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Un litigio que, si no se decanta del lado del Estado, puede dejar otro agujero milmillonario para las arcas públicas en forma de otra responsabilidad patrimonial. El decreto-ley que modifica la Ley Orgánica de Transporte Terrestre (LOTT) para regular el sector de las VTC fue convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado jueves, aunque se tramitará como proyecto de ley. Esto permitirá que se introduzcan cambios mediante enmiendas aunque parece claro que uno de sus aspectos más controvertidos y de más calado, la prórroga a los VTC, permanecerá inalterado. El decreto habilita a las comunidades autónomas a regular el sector desde ya y a que dentro de cuatro años estas administraciones, o los ayuntamientos por delegación, puedan expulsar al grueso de estos vehículos que trabajan en las ciudades, habilitándoles únicamente a realizar servicios interurbanos. Como el Gobierno entiende que la medida supondrá un evidente perjuicio para los afectados –el 90% del negocio de los VTC está en las ciudades– les otorga una prórroga de cuatro años para trabajar en las ciudades como hasta ahora. Es un periodo que actúa a modo de indemnización para que los afectados que lo deseen recuperen su inversión y abandonen el negocio.

Expropiación de uso

La decisión del Ministerio de Fomento de limitar la presencia de los VTC en las ciudades pasada la prórroga es entendida por este sector como una expropiación en toda regla. No de la licencia en sí, pero sí de su uso urbano. Y esa confiscación es la que casi con toda probabilidad llevará a los tribunales su patronal, Unauto, que lleva semanas trabajando con al menos media docena de importantes bufetes de abogados sobre la cuestión. Según sus cálculos, el Estado tendría que abonar 3.800 millones por expropiar todas las licencias.

El Ministerio de Fomento está totalmente convencido, sin embargo, de que el decreto que ha diseñado es constitucional y no conllevará ningún tipo de indemnización para el Estado. Porque, de haberla, será la administración central la que asumiría las hipotéticas indemnizaciones. «La responsabilidad patrimonial, en principio, es del Estado porque este [decreto-ley] es un acto de Estado, del que se van a derivar los siguientes actos. Esa responsabilidad no la perdemos», les espetó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a los nacionalistas catalanes el pasado jueves durante su defensa del decreto en el Congreso. Temerosas de tener que asumir esas hipotéticas indemnizaciones millonarias, las comunidades autónomas todavía no se han aventurado a legislar sobre la materia aunque, excepto en lo que refiere al número de licencias VTC, pueden regular ya aspectos como los horarios, las libranzas o las tarifas. Algo que, aseguró Ábalos, si no hacen no debe ser por esta cuestión. El ministro, siguiendo el razonamiento jurídico de Fomento, aseguró que no habrá que pagar un céntimo porque «las autorizaciones [VTC] que concedieron las comunidades autónomas en nombre del Estado van a seguir siendo vigentes. No se confisca nada. Cambian las condiciones de explotación», afirmó. Y esta modificación, aclaró, no exige indemnización. De hecho, el taxi se ha visto sometido a sucesivos cambios en las condiciones de uso de sus licencias y no ha recibido indemnización alguna, añadió el ministro.

Pese a mostrarse seguro de la legalidad de la norma, y para cubrirse de posibles eventualidades, Fomento ha introducido la prórroga de cuatro años, aseguró Ábalos. Una fórmula, advierten desde Unauto, que no es consistente en su forma.