Manos a la obra

Reconocemos el enorme esfuerzo realizado por el Gobierno con su Plan de Pago a Proveedores para ayuntamientos y comunidades autónomas. Como crítica,hay que aducir que no se aseguró el hecho de que los fondos llegaran hasta el último eslabón del tejido productivo, beneficiando hasta al último subcontratista.

Sin embargo, acabamos de conocer que en los seis primeros meses del año se ha creado una nueva «pelota» de impagos, que podría superar ya los 10.000 millones.

Se hace necesario poner fin a esta lacra. Desde que se inició la crisis, estimamos que, de unas 500.000 empresas que han desaparecido entre pymes y autónomos, un tercio ha sido debido a la morosidad.

Para atajar el problema debemos aprovechar la oportunidad que supone la inminente transposición de la Directiva 2011/7/UE, de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que debiera estar operativa en marzo de 2013. Está claro que Europa nos está lanzando un mensaje. La Directiva no está pensada para los países del norte o del centro, cuyos plazos medios de pago se mueven en el entorno de 40-60 días. Es un diseño a medida de los malos pagadores, que requieren una legislación estricta para adecuar sus prácticas comerciales a términos razonables en el siglo XXI.

Desde la PMcM exigimos a la Administración que pague en un plazo máximo de 30 días, tal como marca la Ley, y que implemente las medidas que permitan mejorar la liquidez de las empresas en estos momentos de escasez de crédito. Nuestras propuestas pasan por la creación de un Observatorio de la Morosidad que ponga de manifiesto la situación real de los pagos en España. Pero, sobre todo, es necesaria la aprobación de un régimen sancionador, con multas ejemplarizantes, que normalice los pagos entre compañías. No puede ser gratis incumplir la Ley. También hay que implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial, como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia. Esto es especialmente importante ahora, cuando debido a las nuevas tasas judiciales se va a producir un encarecimiento aún mayor de los ya de por sí onerosos y tediosos procedimientos legales de recobro. Por último, sería bueno implementar la prometida aplicación del criterio de caja en las declaraciones de IVA de pymes y autónomos. Tenemos que darnos prisa, si no, quizás muchos no lleguen a verlo.