Más de cien imputados en las causas contra bancos y cajas

GRA056. SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 19/05/2014.- Ricardo Pages, Juan Caellas, Manuel Trouano y Santiago José Abella (i-d), cuatro exdirectivos de Caixa Penedès, han comenzado a ser juzgados hoy por la Audiencia Nacional por haberse adjudicado supuestamente pensiones millonarias mediante pólizas que contrataron sin conocimiento de los órganos de administración y control de la entidad, hechos por los que Fiscalía Anticorrupción pide entre tres y tres años y medio de prisión. EFE/Chema Moya ***POOL***

El escándalo por el uso de las tarjetas B en Bankia y Caja Madrid, utilizadas por algunos de sus directivos para cargar a esas entidades gastos personales tan dispares como más de 3.000 euros en bebidas alcohólicas, pagar algo menos de 10 en un bonobús o comprar lencería, rifles e incluso sacar dinero en efectivo -en algún caso, más de 600 ocasiones- o pagar la consulta de un psicólogo, no ha sido más que el último que afecta a determinados bancos y cajas de ahorros, especialmente a estas últimas, en las irregularidades de su gestión. Y es que este tipo de corrupción también se instaló en quienes tienen como uno de su objeto social prioritario la acción social, aunque la realidad, en no pocos casos, ha demostrado todo lo contrario, al menos en sus cuadros dirigentes.

Esto ha motivado que la Fiscalía Anticorrupción y los jueces de la Audiencia Nacional hayan decidido «entrar a saco» para hacer aflorar todo un cúmulo de presuntas prácticas delictivas, como falseamientos de las cuentas contables o las millonarias cantidades de dinero que se habían asegurado para cuando abandonasen esos cargos. En estos momentos, hay nueve procedimientos abiertas contra ex directivos de entidades financieras que, excepto Bankia –que permanece bajo la tutela del FROB–, todas fueron absorbidas por bancos al no superar los requisitos y exigencias de solvencia recogidos en los decretos de 2012 conocidos como «Guindos 1» y «Guindos 2», en los que hay ya más de un centenar de imputados. Hasta ahora, sólo se ha celebrado un juicio por estos hechos, en el que fueron condenados cuatro ex altos cargos de Caixa Penedés a penas de entre uno y dos años de prisión, después de haber devuelto más de 28 millones de euros. Esta causa fue tramitada con celeridad, pues se abrió en 2013 y apenas un año después se produjo el juicio y la sentencia.

El primer procedimiento por este tipo de corrupción arrancó ya en el año 2003, cuando la Audiencia Nacional comienza a investigar al extinto Eurobank del Mediterráneo –intervenido por el Banco de España ese mismo año tras entrar en suspensión de pagos–. Esa investigación fue iniciada por el entonces juez Baltasar Garzón. Diversas vicisitudes procesales y la complejidad en los hechos han provocado que 11 años después todavía se hayan juzgado a los acusados en la causa. En estos momentos, se está a la espera de que la Fiscalía presente el correspondiente escrito de acusación contra los 15 imputados, después de que en febrero de 2103 el juez Pablo Ruz hubiese abierto juicio oral, entre otros, contra el ex presidente de la entidad, Eduardo Pascual de Arxé. El magistrado les imputa los delitos de asociación ilícita, delitos societarios, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Habría que esperar hasta ocho años después, en 2010, para que la Justicia volviese a poner en el punto de mira a la primera de las cajas de ahorros que iban a salir a relucir por sus escándalos. Se trataba de la Caja de Castilla-La Mancha, que presidía el ex presidente socialista de esta comunidad autónoma Juan Pedro Hernández Moltó. En un principio, el juez Ruz imputó a siete personas, pero finalmente sólo abrió juicio oral contra Moltó y el ex director general Idelfonso Ortega por un presunto delito societario.

Esta causa está ya en su recta final, una vez que Anticorrupción ya presentó su escrito de acusación, en el que pide dos años y medio de prisión para Moltó y Ortega por una «maniobra contable» con la que «los acusados lograron que los estados financieros de CCM, tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de pérdidas».

Un año después, era la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) la que «entraba» en la Audiencia Nacional. Las sospechas de millonarias prejubilaciones, los sueldos de más de medio millón de euros o las pensiones vitalicias que en algún caso superaba los 350.000 euros no pasaron desapercibidas para la Justicia. El juez Javier Gómez Bermúdez fue el encargado de sacar a la luz, junto a la Fiscalía Anticorrupción –después de que un abogado presentara una querella–, todo el entramado diseñado por los directivos para, presuntamente, enriquecerse a costa de la entidad. Así, en febrero de 2012, el magistrado suspendía el plan que permitía a seis de sus entonces directivos, entre ellos los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, repartirse más de 15 millones de euros como prejubilación, y ello pocas semanas antes de que la entidad fuese intervenida por el Banco de España. Una de las piezas de este procedimiento está ya en su recta final. En ella, Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel para López Abad y dos años y medio de prisión para José Ramón Avilés, ex presidente de la Comisión de Control.

En relación con la CAM hay 12 imputados en las distintas piezas abiertas, cinco en la principal y otros siete en la conocida como Valfensal, donde se investiga el patrimonio de dos de su ex directivos. Más recientemente, Gómez Bermúdez ha abierto una nueva pieza separada, las dietas cobradas por uno de sus ex directivos, Modesto Crespo,

En 2012 se abren tres nuevos procedimientos contra entidades financieras. En esta ocasión, lo relevante es que por vez primera se investiga la gestión de años atrás de un banco, en concreto la del Banco de Valencia.

Esta causa, que instruye el juez Santiago Pedraz, se inició tras la presentación de las correspondientes querellas presentadas por el FROB y Anticorrupción, y en ella hay más de 20 imputados.

También ese mismo año se abrió la investigación contra Novacaixagalicia, en la que están imputados cinco ex directivos y un abogado. Este procedimiento está pendiente sólo de la celebración del juicio. ElL fiscal solicita para cada ex directivo tres años de cárcel por el cobro supuestamente indebido de prejubilaciones millonarias y que devuelvan los 18,9 millones que percibieron por este concepto.

La causa más relevante que se inicia en 2012 es la abierta tras la querella de UPyD contra 33 miembros del consejo de administración de Bankia, entre ellos, el ex presidente Rodrigo Rato. Un año después, el juez Fernando Andreu admitió otras cuatro querellas en las piezas separadas por la venta de acciones preferentes de Bankia y Bancaja contra otros 15 ex directivos de la entidad, entre ellos, Miguel Blesa. Este círculo se cierra, hasta ahora, con las «tarjetas B».