Miguel Ruiz: "Un transporte público gratuito lo acabarían pagando los ciudadanos"

«Hace falta una ley de financiación que vincule los fondos al PIB, los viajeros y el medio ambiente».

«Los partidos deberían dejar de discriminarnos y de usarnos como arma política», opina Miguel Ruiz, presidente de la patronal de transportes públicos urbanos ATUC, quien además denuncia que se está ninguneando al transporte público. Ruiz defiende que la calidad de nuestro sistema nada tiene que envidiar a la de los países más desarrollados, pero admite la urgencia de reforzarlo para ayudar a reducir las emisiones contaminantes, sobre todo, en los núcleos urbanos, como nos obligan Bruselas y el Acuerdo de París.

En su opinión, es urgente que el próximo Gobierno mejore el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, donde se recogía la obligación de crear antes de 2023 zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes, para lo que se irán extendiendo las restricciones al tráfico privado, como ocurre en Madrid. «Hay que desarrollar medidas para el transporte público en la Ley de Cambio Climático, incluyendo una ley de financiación que garantice unos recursos y fije lo que cada Administración aporte, pero sobre un marco legal auspiciado por el Estado que hoy no existe».

Miguel Ruiz resalta el escaso compromiso que demuestra el Estado con la gestión del transporte público, que en las grandes ciudades absorbe el 60% de los desplazamientos, pues apenas financia el 7% de su coste total. «Es un servicio de primera necesidad que en España usan 4,5 millones de personas. Pero los políticos no le dan la suficiente atención o se la prestan de manera oportunista de cara a las elecciones municipales como arma para captar votos, prometiendo la gratuidad del sistema cuando esos costes terminarían soportándolos los ciudadanos. Hay que buscar modelos de movilidad sostenible, que no pasa sólo por electrificar el parque automovilístico. Es necesaria una apuesta decidida por el transporte público».

En opinión de la patronal del transporte público, es fundamental que esa apuesta se traduzca en mejorar los mecanismos de financiación, de modo que los fondos que se conceden cada año deberían vincularse al crecimiento del PIB durante el ejercicio precedente, al número de usuarios y a las exigencias medioambientales. Asimismo, con la Ley de Financiación, «cuya aprobación debería ser una prioridad para el próximo Gobierno», se debería crear un fondo estatal para la movilidad urbana sostenible, que sustituya paulatinamente al actual mecanismo de financiación, basado en las subvenciones del Estado y en los contratos-programa, «evitando la instrumentalización política de los fondos».