Miles de expedientes paralizados por altos cargos afines al «procés»

Los sindicatos denuncian que hacen «dejación de funciones» con la excusa del artículo 155.

Si la parálisis política no se soluciona, vamos al colapso de la administración en Cataluña. Esta advertencia, grave, la lanzó la semana pasada en el Congreso el presidente de CSIF, Miguel Borra. El sindicato, mayoritario entre los funcionarios, viene constatando que desde que la Generalitat de Cataluña vive regida por el artículo 155 por mor del órdago secesionista, la administración funciona al ralentí. Tan al ralentí que, según su percepción, puede colapsar.

La aplicación del artículo 155 significó la destitución de Carles Puigdemont y sus consejeros y la tutela del Gobierno central de las consejerías. Para que los departamentos se mantuvieran en funcionamiento, se decidió mantener en sus puestos a muchos de los altos cargos que había con el Ejecutivo de Puigdemont. Muchos de ellos, cargos de confianza, están haciendo «dejación de responsabilidades» y no asumen decisiones que les corresponderían. «Lo que sucede es que no se actúa. Nadie pide un crédito extraordinario –el presupuesto catalán está prorrogado al no haber gobierno– o firma un contrato de servicio», explican funcionarios catalanes. La excusa que se aduce para no dar trámite a los asuntos es que, con el artículo 155, todo «se ha vuelto más complicado y farragoso. Pero estamos convencidos de que los hay que lo hacen de forma intencionada», añaden estos funcionarios.

Según los denunciantes, todos los departamentos se están viendo afectados. Entre los asuntos perjudicados está la Renta Garantiza de Ciudadanía, que entró en funcionamiento el pasado 15 de septiembre. Según datos oficiales, a mediados de febrero, de 61.000 peticiones, se habían tramitado sólo el 55%. Mientras que la Generalitat asegura que la aplicación del artículo 155 ha impedido desarrollar el reglamento de la ley, los sindicatos aseguran que muchos expedientes no se están tramitando por el bloqueo de los altos cargos.

La oferta de empleo público también está sufriendo las consecuencias de esta parálisis. Función Pública, dependiente de la Consejería de Gobernación, todavía no ha publicado la oferta pública de ocupación catalana, en la que se recogen las plazas que se ofertarán por departamentos. Aunque, oficialmente, tiene hasta finales de este mes para hacerlo y lanzar la convocatoria después, los funcionarios explican que, en ocasiones anteriores, nunca se había apurado tanto el plazo. «Se ha dilatado todo en el tiempo porque los responsables se escudan en que ahora los trámites son ahora mucho más farragosos», explican los funcionarios consultados.

La devolución del 20% de la paga extra de 2012 que se les quitó a los funcionarios catalanes también se ha visto afectada. Hacienda aprobó a mediados de febrero su devolución el mes que viene. No se ha devuelto antes porque el Departamento de Economía de la Generalitat decidió no solicitar antes al Gobierno central la autorización necesaria dado que las cuentas catalanas están intervenidas, según aseguraron representantes del CSIF y Catac –Candidatura Autónoma de Trabajadores de la Administración de Cataluña– tras reunirse con la Generalitat.

En el Departamento de Prisiones ha habido problemas con una ruta para los funcionarios. Cuando se cerró la Modelo de Barcelona, se acordó que aquellos funcionarios que tuvieran que desplazarse fuera de la ciudad condal a trabajar lo hicieran en una ruta de autobús que se contrató vía concesión. El contrato venció en el mes de octubre. Pero hasta mismo mes no se ha vuelto a licitar el concurso. «Los funcionarios tienen que desplazarse por sus propios medios a las prisiones. Y algunos lo hacen en transporte público, con el riesgo de cruzarse con reclusos que salen de permiso o que acaban de lograr la libertad», explican.