Nike, Apple y Uber utilizan las «islas» para eludir impuestos

Las principales multinacionales estadounidenses usan complejos entramados societarios para ahorrarse decenas de miles de millones en el pago de tributos.

El domingo fueron los nombres propios y ayer empezaron a aparecer las primeras empresas que preparan un entramado fiscal de subsidiarias con pasos intermedios en paraísos fiscales con el fin de reducir su facturas fiscales en miles de millones de euros. Nike, Apple y Uber han sido señaladas por el ICIJ, el grupo de medios de comunicación que investiga los Papeles del Paraíso, entre los que se encuentran LaSexta y El Confidencial. La investigación llevada a cabo por la filtración de los archivos internos del bufete de abogados «offshore» Appleby recorre el camino de estas tres multinacionales para minimizar el pago de tributos en sus países de origen. No son prácticas ilegales, pero si empiezan a ser cuestionadas por la Unión Europea y los principales organismos internacionales.

Nike, por ejemplo, ha conseguido acumular 5.600 millones de euros en Bermudas sin tener allí ni un solo empleado y ni quiera oficina. El ICIJ describe la técnica que utiliza Nike como el «sandwich holandés». Esta práctica consiste en utilizar una sociedad holandesa como punto intermedio entre el origen del dinero y el paraíso fiscal al que se transfieren los beneficios. ¿Por qué Bermudas? Porque allí es donde están registrados los derechos de su logotipo. Con el pretexto de la propiedad intelectual se mueven cantidades millonarias de dinero. En la actualidad Nike tiene dos empresas en Holanda que reciben los ingresos de sus ventas en toda Europa. Estas dos empresas han configurado con una tercera (Nike European Holding) una asociación fiscal. Las leyes holandesas permiten que los beneficios de las dos primeras (millonarios) se transfieran a la tercera, con pérdidas, y no tener que pagar impuestos. El dinero se desvía mediante el pago de «royalties» a un nuevo agente: una sociedad comanditaria (CV), un figura mercantil del siglo XIX, que permite que sociedades que en caso de estar formadas por empresas no holandesas se consideren una sociedad sin patria, por lo que deberían tributar en el país que les corresponde y no en Holanda.

Algo parecido sucede con Uber, la empresa de transporte privado que ha revolucionado las grandes ciudades de todo el mundo. El despacho Appleby asesoró a Uber para que creara Uber International CV adonde traspasó varias de sus subsidiarias extranjeras, así como parte de su propiedad intelectual, según desvelan las investigaciones del grupo ICIJ.

Apple, probablemente con Google la empresa más «perseguida» por las autoridades fiscales europeas, tiene su sede en Cupertino (California), pero su sede fiscal en Irlanda. Apple ha utilizado una práctica que los investigadores llaman el «doble irlandés». Esta estrategia consiste en crear dos empresas irlandesas: una con sede en la isla europea, que es la que tiene actividad empresarial, y otra domiciliada en un paraíso fiscal, que posee los derechos de propiedad intelectual. Con esta técnica se minora la factura impositiva. Amenazada por todos los ministerios de Hacienda de los países de la UE y ante el final de las ventajas en 2020, Apple ha encontrado en Jersey el lugar donde establecerse, después de haber conseguido que 117.000 millones de euros no fueran gravados por ningún gobierno. En esta isla del canal de La Mancha tienen su residencia dos subsidiarias, mientras Apple Operations Europe sigue en Irlanda.

En este momento, cada país de la UE tiene su propia lista de jurisdicciones que son consideradas eufemísticamente como «poco cooperantes en materia fiscal». Los criterios para definir un paraíso fiscal varían entre los socios europeos y la ausencia de un baremo común dificulta poder poner en marcha sanciones europeas para aquellos territorios que se sigan negando a colaborar. Como ejemplo, a pesar de que Panamá es considerado un paraíso fiscal por parte de la Comisión Europea, España decidió sacar al país de este dudoso honor en el año 2010 tras la firma de un acuerdo de doble imposición. Coincidió con la adjudicación de las obras de ampliación del Canal de Panamá a la constructora española Sacyr.

Cualquier tipo de decisión sobre fiscalidad requiere la unanimidad de los socios europeos por lo que un solo país puede vetar el acuerdo.