El Gobierno lanza una oferta histórica con 20.000 plazas

Acuerdo total con los sindicatos para reforzar la Administración del Estado con la mayor creación de empleo público desde 2008. La tasa de reposición quedará en el 120%, lo que implica la creación de 4.285 nuevos puestos. Habrá 10.318 plazas de libre ingreso.

El Gobierno y los sindicatos acordaron ayer la mayor oferta de empleo público desde la crisis, con más de 20.000 plazas. La histórica convocatoria supone además la creación de puestos de trabajo netos en la Administración del Estado, descontadas las consolidaciones de puestos interinos y reposiciones por jubilación. Tras el acuerdo logrado ayer con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF, el Consejo de Ministros aprobará hoy la convocatoria de unas 15.000 plazas de libre ingreso en la Administración General del Estado (AGE), de las que cerca de 4.300 serán de nueva creación y a las que se suman otras cerca de 5.500 destinadas a la promoción interna. La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, calificó de acuerdo de histórico, dado que es la primera vez «por lo menos de la última década» en que se logra un pacto para una oferta pública de empleo.

En concreto, el Gobierno aprobará un decreto con una oferta de empleo público ordinaria para 2017 de 10.318 plazas de libre ingreso, de las que más de 7.000 serán de reposición para la Administración General del Estado (AGE), la mayor oferta desde 2008, y más de 3.000 para la Administración de Justicia (unas 2.600 plazas para consolidar empleo y 760 para reposición). También se aprobarán alrededor de 5.350 plazas de promoción interna, que en la mayor parte irían incluidas en la oferta de empleo pública ordinaria, y que supondrá un incremento de entre el 25% y el 40%.

Agencias «deficitarias»

Asimismo, el Consejo de Ministros dará luz verde a un Real Decreto Ley con otra oferta de empleo público extraordinaria de 4.285 plazas de nueva creación para 2017 y 2018, que tendrá que ser convalidado el próximo martes de forma urgente en el Congreso y que contaría ya con el respaldo parlamentario. Estas nuevas plazas irían destinadas a sectores prioritarios «deficitarios», como son la Agencia Tributaria, Seguridad Social, SEPE, el Ministerio del Interior (oficinas de DNI y DGT) y a la Inspección de Trabajo.

Dentro de la oferta extraordinaria, se contemplan para la Agencia Tributaria unas 2.100 plazas para la lucha contra el fraude, y el resto para combatir el fraude laboral, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y ámbitos «críticos» del Ministerio del Interior, con 150 nuevas plazas para las oficinas de DNI, entre 40 y 60 examinadores de Tráfico y entorno a 560 en el ámbito de la Seguridad Social en dos años.

En total, la tasa de reposición de vacantes se situará finalmente en torno al 120%, con lo que se crean empleos netos por primera vez desde 2008. La suma de las plazas de la oferta ordinaria, la extraordinaria y las de promoción interna daría un total 19.953 plazas, si bien este número podría variar a falta de su concreción.

Actualmente, el empleo público de la Administración General del Estado supone el 8,27% del empleo público total de todas las administraciones públicas, con unos 208.000 efectivos.

El esfuerzo era necesario para paliar la pérdida de fuerza laboral en la Administración General del Estado durante la último decenio. Algunos organismos del Estado, caso de la Agencia Tributaria, estaban ya al límite y no podían cubrir el trabajo diario. La Agencia Tributaria ha perdido casi 1.500 efectivos desde 2008 y la Seguridad Social casi 4.000 trabajadores. Por su parte, el personal de los distintos ministerios se ha reducido nada menos que en 40.000 empleados.

El vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, subrayó al término de la reunión que el acuerdo con el Ejecutivo pone en marcha el pacto alcanzado el pasado 29 de marzo, que contemplaba una Oferta de Empleo Público de 67.000 plazas para este año y un plan de estabilización de más de 250.000 plazas de interinos en tres años, el 90%, en Sanidad, Educación y Justicia, principalmente, y que supone una mejora de empleo y se abre la «expectativa importante» de promoción interna. Una vez se ha «avanzado» en la mejora de los servicios públicos, Iglesias solicitó avanzar en la negociación de mayores incrementos en el salario de los empleados públicos, por lo que solicitó la convocatoria de la Mesa General para iniciar la negociación de las retribuciones para 2018.