Parches para frenar la subida de luz

La suspensión del impuesto a la generación eléctrica del Gobierno supondrá sólo una bajada de entre el 2-3% en las facturas domésticas. Una iniciativa que señala el rumbo para contener los costes que no son de consumo (más de la mitad), pero que se percibe como un parche insuficiente.

El precio de la luz sigue creciendo y las previsiones no apuntan a que vaya a cambiar. Al coste de los combustibles se suma el del CO2 que sigue la misma tendencia alcista desde hace meses. «El año pasado el término variable o precio del pool estaba en 13.000 millones de euros y éste ha alcanzado los 20.000 millones de euros. Se ha disparado, porque el precio de los combustibles fósiles ha aumentado; hay informes que afirman que hasta un 10%. Por otro lado, el coste de emitir CO2 se ha triplicado. Y no hay que olvidar que todas estas subidas se van sumando en la factura», explica Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. La tonelada de CO2 ha subido en los últimos meses de 7 a 25 euros (ahora está alrededor de los 20). Este sistema implantado en la Unión Europea ha sido criticado muchos años porque al estar tan bajo su precio no servía como incentivo a las industrias para dejar de emitir; la crisis económica y el exceso de derechos hicieron que el mercado no funcionara hasta que Europa decidió retirar derechos a partir de 2019 para que el precio subiera y eso es lo que está ocurriendo. Esto significa que para los operadores eléctricos que usan gas y carbón los costes son más caros. «Esto se traduce en un encarecimiento para las centrales de carbón de unos 20 euros por tonelada y de siete euros para las de gas», dice Ferrando.

A todo esto hay que sumar la falta de viento que impide la entrada de la eólica para contener el gasto (y que supone quemar gas y carbón a un precio mayor) y que Francia se ha sumado como cliente energético de España porque su parque nuclear no está funcionando a pleno rendimiento.

Si el mercado es el que fija la parte no regulada de la factura habrá que esperar a que la aparición de renovables, libres de emisiones, contengan las subidas. Y es que hay pendientes de instalación 8.800 MW de potencia renovable adjudicadas durante las tres subastas realizadas por el Gobierno anterior en 2016 y 2017. «Se estima que por cada 2.500 MW de renovables que entren en el sistema el precio del MWh en el pool caería 1,2 euros aproximadamente», explican desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica.

Más renovables

El mercado está al alza y a la espera de más renovables y, sin embargo, gran parte de nuestra factura no la determina dicho mercado; de los 702 euros de luz que paga de media una familia española al año, más de la mitad del gasto no está relacionado con el consumo. Son costes que dependen del Gobierno, que tras muchos anuncios ha decidido intervenir tímidamente para contener la subida del MWh suspendiendo el impuesto a la generación eléctrica. Hay que recordar que en España aproximadamente el 40% de los consumidores cuenta con tarifa regulada o PVPC por lo que no se ve tan influenciada por los vaivenes del mercado, sino por las decisiones políticas.

El Ministerio de Teresa Ribera ha decidido meter mano a la parte regulada y que cubre un amplio espectro de cosas, desde el IVA a los pagos por capacidad o los costes extra de llevar la luz a las islas, etc. Muchos de ellos revisables y que la ministra se ha comprometido a «limpiar» de la factura (también ha anunciado el cierre de las nucleares y de las térmicas de carbón, derogar el impuesto ala autoconsumo, etc).

El impuesto que ahora se suspende alivia al sistema de unos 1.500 millones de euros, pero no afectará a todos por igual. «Para los particulares dependerá de la potencia contratada y del consumo. Si tenemos mucho consumo y poca potencia lo notaremos», dice Ferrando. En la factura final del consumidor doméstico la desaparición de este impuesto se traducirá en un ahorro de entre 2-4% según los expertos. Es decir, que si un consumidor medio, con 4,4 kW de potencia contratada paga unos 750 euros al año de luz, ahorrará entre 25 y 30 euros. «Nuevamente se carga la rebaja sobre los ingresos públicos. La eliminación del impuesto a la generación es sólo un parche», opinan en la partido Equo.

Por otro lado, hay que recordar que esta idea de acabar con el impuesto lleva encima de la mesa desde hace meses: «Es una medida orientada que ya proponía el informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. El diagnóstico ha sido acertado», explica Jorge Sanz, quien actualmente es director asociado de la consultora Nera y ha sido presidente de dicha Comisión.

La iniciativa ha sido, en general, bien acogida por todos los sectores, también por las compañías eléctricas. Sin embargo, si bien es cierto que el Ministerio apunta en la buena dirección, como dicen en los sectores renovables, a las reformas les falta ritmo y letra, es decir, «un calendario real. La plasmación de las ideas tiene que ser ya y son compatibles con la capacidad legislativa del Gobierno», afirma Ferrando. «Valoramos positivamente la suspensión del 7% porque se notará en el corto plazo. Sin embargo, hay medidas que también se pueden implementar rápidamente. Una de ellas es incorporar todo lo recaudado en las subastas de CO2 al sistema eléctrico. Cuando se estableció el mercado en España se fijó un límite de 450 millones de euros para el sector. Como el precio ha subido tanto y las previsiones hablan de que lo recaudado esta año alcanzará los mil millones, si toda esta cantidad se destinara al sistema eléctrico sin el límite establecido, en lugar de compartir destino con el Tesoro, se aliviaría la parte de costes y esto podría repercutirse en la factura. Esto se podría hacer de inmediato modificando los Presupuesto de 2019», afirma José María González Moya, director de la Asociación de Empresas de Energías Renovables.

Capacidad

El Comité de Expertos y los sectores renovables consideran que algunos de los peajes y costes que se incluyen dentro de la factura deben ser modificados. Por un lado, están los pagos por capacidad; aunque no haga falta su producción se paga por la capacidad de un central de comenzar a funcionar si se la necesita. En España existe un exceso de capacidad del 30%, mientras que Red Eléctrica de España sólo exige un 10% de respaldo. Por otro lado, la interrumpibilidad o el pago porque determinadas industrias se desconecten de la red si hay un exceso de demanda. Algo que muchos consideran innecesario por el mismo motivo de exceso de capacidad y contra el que se ha empezado a actuar este año, subastando la interrumpiblidad por lotes de MW y con el compromiso de tener que utilizarlos. Otra idea es sacar a los Presupuestos los costes extrapeninsulares, que sirven para que las islas paguen la electricidad al mismo precio que en la Península. Este cargo ya se sufraga la mitad a través de la factura y la otra mitad en los Presupuestos Generales del Estado (220 millones en cada parte).

Volviendo a la parte no regulada, la ministra también ha hecho referencia en ocasiones a su intención de reformar el mercado «que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas». Desde la Fundación Renovables creen que el problema está en que el mercado español es marginalista. «La última energía que entra a cubrir la demanda es la que casa el precio y ahora mismo es el gas. Aunque las centrales de gas puedan funcionar 5.000 horas, entran sólo mil horas para cubrir la demanda y acaban siendo las que fijan el precio». Lo más sencillo, para la entidad es sacar del mercado a la nuclear y las renovables, que son energías libres de emisiones. «Si esto sucediera el precio del pool no habría afectado al 60% de la producción, que es la que cubren estas energías. Se habría ahorrado unos 4.500 euros. Pero para esto hay que negociar con el sector y cambiar las formas de mercado», dice Ferrando.

En este punto hay opiniones bastante contrarias. Expertos consultados consideran que las posibilidades de maniobra de la ministra respecto al mercado son escasas porque, entre otras cosas, los mercados son marginalistas; «el último es el que fija el precio porque es el que dice la escasez del recurso. Siempre hay que valorar un producto por lo que cueste sustituirlo, por eso en electricidad el que debe fijar el precio es el gas, para que la luz no se malgaste; es la forma de darle valor al producto. Si es escaso, el consumidor ahorrará. Otra cosa es que si se considera que los beneficios que genera para las empresas son muy altos se fijen impuestos progresivos a las generadoras», dicen algunas de estas voces. Otra idea que circula es la de meter en el mismo saco a todos los consumidores de energía y no sólo a los eléctricos; también a los coches y al gas natural, entre otras cosas porque los combustibles en España son más baratos que en el resto de Europa, mientras que nuestra factura de luz es de las más caras del continente.