Pensiones: ¿Basta con el impuesto digital?

Las prestaciones aumentarán durante 2018 y 2019, lo que supondrá un coste adicional de 1.522 millones de euros. El Gobierno intentará sufragarlos con medidas recaudatorias y de ahorro. La más polémica es el impuesto digital, con el que se estima recaudar 600 millones. Hay muchas dudas sobre si se logrará esta cifra, cuándo entrará en vigor o cómo afectará al consumidor.

Internet ha creado un mundo nuevo en el que se ha generado una economía paralela a la ya existente. Plataformas de intercambio de bienes y servicios, publicidad, espacios específicos para el ocio... la ganancia que se obtiene de todo ello, no obstante, no repercute en avatares digitales, sino sobre empresas del mundo real. Éstas se benefician del consumo y el trabajo de una sociedad. Y una regla sobreentendida indica que quien quiere sacar rédito de sus miembros, también tiene que poner de su parte para mantenerlos a través del sistema de asistencia público. Cuánto y cómo deberían contribuir las empresas digitales ha estado bajo una nube de dudas durante un tiempo. No osbtante, el Gobierno ha dado un paso adelante y ha propuesto un nuevo impuesto dirigido a estas compañías, calculando que la recaudación será suficiente para ayudar a sufragar la subida del conjunto de las pensiones. Los expertos no tienen claro que se vaya a conseguir el objetivo.

El Ejecutivo aprobará los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, que exigió un incremento de las pensiones respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC) en 2018 y 2019. Este ejercicio el aumento será del 1,6% (y el siguiente se estima que del 1,5%), y le supondrá al Gobierno un coste adicional de 1.522 millones de euros frente a lo proyectado previamente. Para financiarlo, se están manejando opciones de recaudación y ahorro entre las que destaca el impuesto digital con el que se espera ingresar 600 millones de euros este mismo año.

¿Se ingresará lo planeado?

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ve muy complicado que el Ejecutivo logre tal volumen de recaudación. Según ellos, este año como mucho podrían reunir 500 millones de euros, «una tercera parte del coste de actualizar las pensiones», indica José María Mollinedo, secretario general del citado sindicato. Los 100 millones de más que estima el Gobierno, afirma, pueden deberse a «que realicen el cálculo sobre la base del aumento de las operaciones del comercio electrónico».

Esta actividad, desde luego, está generando cada vez más beneficios a las empresas y, por lo tanto, gradualmente producirá mayor recaudación fiscal. El Observatorio Nacional de las Telecomunicación de la Sociedad de la Información (ONTSI) sostiene que el comercio electrónico pasó de facturar 5.911 millones de euros en 2007 a 25.354 millones en 2016, registrando un crecimiento superior al 75%.

La idea es sufragar con un fenómeno en crecimiento, otro que a su vez crece paulatinamente, como son las pensiones. En una década el número de prestaciones se ha incrementado más de un 12%, y este mes se sitúan en casi 9.600.000. Las prestaciones por jubilación, que representan más del 60% del total. Y el importe medio de las mismas también ha ascendido en los últimos diez años un 24%, hasta ser de 1.079 euros actualmente, tras la subida del 1,6% acordada por el Gobierno.

¿Cuándo entrará en vigor?

El Ministro de Economía, Román Escolano, ha manifestado que pretenden aprobar el impuesto «cuanto antes». De hecho, cada día que pasa es uno menos para poder alcanzar los 600 millones de recaudación este año. Desde Gestha apuntan que uno de los motivos por los que no creen que se pueda lograr esa cifra es la dificultad para poner en marcha la legislación. Así, suponen que se retrasará hasta después del verano, más de lo que prevé el Gobierno y, por ello, los cálculos de recaudación tendrían que reducirse a la mitad.

José María Mollinedo explica que el tributo no se puede aprobar por la vía rápida, es decir, por Decreto de Ley. La Constitución establece que el proceso correcto sería un Proyecto de Ley. De esta manera, el Consejo de Ministros debería remitir la proposición al Congreso de los Diputados, donde Mollinedo cree que logrará el apoyo suficiente. Una vez realizadas las enmiedas, las ponencias y las deliberaciones correspondientes, el Senado recibe el texto para confirmarla.

El impuesto empezará a cobrarse desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Mollinedo estima que sea en septiembre, pero desde la patronal de las empresas tecnológicas de España, Ametic, sostienen que este gravamen fiscal no empezará a recaudarse este presente año, como se intentará, sino que habrá que esperar al siguiente.

¿A qué empresas se dirige?

El anuncio del Ejecutivo llegó pocas semanas después de que la Comisión Europea abriese la posibilidad de que los estados miembros cobrasen el 3% sobre los ingresos que se obtuviesen por la venta de espacios publicitarios en internet, la transferencia de datos y el comercio electrónico. El tributo afectaría a las compañías con una facturación global de más de 750 millones de euros, y más de 50 millones en Europa.

A falta de confirmar cómo el Gobierno adapta esta propuesta a la realidad española, el Ministro de Hacienda ya ha asegurado que seguirá la dirección marcada desde Bruselas y el impuesto sólo gravará a las «grandes empresas» digitales. En concreto, castigará a los «gigantes» que se dediquen a prestar servicios de publicidad digital, a la intermediación en transacciones efectuadas en plataformas electrónicas, o a la venta de datos de usuarios.

¿Qué pagan ahora?

Estas compañías que no tuviesen sede en España, aunque contasen con establecimientos permanentes o desarrollaran una actividad, no debían hacer frente a ningún tributo hasta 2017, afirma Mollinedo. A partir de entonces, dice, «las sociedades dedicadas al comercio electrónico y las que tramitan entregas de bienes y servicios, están obligadas a pagar el Impuesto al Valor Añadido (IVA) en el país donde reside el cliente final».

El procedimiento que nombra Mollinedo es el conocido como Ventanilla única del IVA para los miembros de la Unión Europea (UE). Por este método, la empresa realiza la declaración de este impuesto en el país donde esta situado su matriz. Una vez obtenida la liquidación, se indica qué proporción de las ventas fueron ejecutadas en cada nación de la UE. Así, la compañía paga el IVA correspondiente a la facturación de esas ventas con la base imponible correspondiente a cada estado.

Cuando se trata de filiales de estas empresas, que operen en España y han sido constituidas por la legislación de nuestro país, tienen que abonar el impuesto de sociedades. A pesar de que estas compañías ya sufren ciertos gravámenes, la UE considera que su contribución es escasa. Un informe de la institución resalta que las empresas digitales enfrentan una tasa impositiva real del 9,5%, mientras que las tradicionales, a un 23%.

Doble imposición

Aunque por ahora paguen poco, el debate actual está en si el nuevo impuesto digital será excesivo castigo para estas empresas. Los expertos comentan que se dará una doble imposición. El socio de Life Abogados, Abel García, asegura que «una compañía tendrá tributar la partes correspondiente a sus ventas en España, a pesar de que en su país de origen ya haya declarado todas sus rentas (incluidos los beneficios logrados en el extranjero)». Por lo tanto, se produciría una doble imposición a un mismo beneficio.

Pero ya se buscan fórmulas para que evitar esta doble imposición que vulnera los principios internacionales sobre fiscalidad. Mollinedo subraya que «los países donde estas empresas tengan sede porque la tributación es más barata (Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Austria), rebajarán más su exigencia a estas compañías el impuesto de sociedades.

¿cómo afecta al consumidor?

Lo que más preocupa al consumidor cuando se anuncia un nuevo impuesto, es cómo afectará a los precios. José María Mollinedo argumenta que en España, donde existe un mercado competitivo, el tributo no se notará en el coste de los productos. «Lo vimos en la subida del IVA para determinados servicios en 2010 y en el 2013 con el traslado de algunas mercancias al tipo general. En ambas ocasiones, la realidad fue al haber competitividad entre las empresas, el impuesto no se trasladó a los consumidores, lo asumieron los establecimientos».

No obstante, esta opinión enfrenta con la de Abel García, para quien el impuesto digital tendrá un inevitable efecto en los precios: «Nadie regala nada. Si la publicidad que vende un empresa se encarece, la que la contrate tendrá que soportar un coste mayor. Si hablamos de una tienda de ropa, repercutirá en el importe de las prendas».

Más impuestos y ahorro

La subida de las pensiones ha despertado el interés recaudatorio de Hacienda. Tiene que conseguir los más de 1.500 millones de euros que costará y, para ello, el Gobierno comunicó recientemente a Bruselas que planteará en el Pacto de Toledo la creación de «nuevas figuras tributarias». Así, el ministro Cristóbal Montoro ha vuelto a poner en marcha la ingeniería fiscal del estado pero, además, ha anunciado una importante medida de ahorro respecto al rescate de las autopistas. En principio, se estimaba que esta acción costase cerca de los 2.000 millones de euros. El Gobierno ha ajustado las cuentas y saldrá 200 millones más barato de lo esperado, a parte de los beneficios que obtendrá por la posterior licitación de estas carreteras. Sin embargo, el socio de Life Abogados, Abel García, sostiene que lo necesario es realizar un debate profundo sobre el sistema de pensiones y «ser valientes para plantear un cambio de modelo, en el que habrá que definir cómo los particulares tienen que participar aportando a sus prestaciones».