Plan de carreteras: 5.000 millones de inversión generarán 189.200 empleos

Las constructoras asumirán el coste de poner en marcha las nuevas vías y el Estado se lo abonará en 30 años. El proyecto prevé actuaciones en más de 2.000 kilómetros de 20 autopistas.

Rodeado de algunos de los primeros directivos de las grandes constructoras españolas como Florentino Pérez (ACS) o Esther Alcocer Koplowitz (FCC), Mariano Rajoy presentó ayer en el Palacio de La Moncloa el ambicioso plan de colaboración público privado para carreteras (PIC) con el que el Gobierno pretende dar un empujón a la obra pública. Aunque, como aseguró Rajoy, la inversión en infraestructuras es «un potente motor económico» que impulsa la competitividad, la cohesión social y mejora la calidad de vida, el sector se ha quedado rezagado de la recuperación económica.

Para ayudarle a coger impulso, el Gobierno ha lanzado este plan, que permitirá invertir 5.000 millones de euros en carreteras en los próximos cuatro años mediante el sistema conocido como pago por disponibilidad, como publicó ayer LA RAZÓN. En virtud del mismo, las constructoras adjudicatarias de las concesiones financiarán la construcción de las vías y asumirán su explotación y conservación por un periodo de 30 años, comprometiéndose a cumplir unos estándares de calidad y servicio. El Estado pagará después de forma diferida las carreteras a lo largo del periodo de vida de las concesiones, pudiendo penalizar a las concesionarias si no cumplen los estándares recogidos en el contrato.

Virtudes del sistema

Según fuentes gubernamentales, España se ha decantado por el pago por disponibilidad porque evita la imposición de nuevos peajes, libera fondos públicos anuales que se pueden destinar a otros fines, evita que el déficit público engorde, transfiere el riesgo de la construcción, financiación y explotación al concesionario y ha demostrado su fiabilidad en toda Europa. Como explicó Rajoy, ha pasado de representar el 5% de los proyectos ejecutados en el viejo continente al 90% en sólo diez años.

El Gobierno calcula que el 20% de la inversión será aportada directamente por las constructoras, mientras que otro 40% será financiación de bancos o fondos y el 40% restante se espera que llegue del Banco Europeo de Inversión (BEI). También cabe la posibilidad de recabar recursos del conocido como Plan Juncker, un fondo creado para infraestructuras del transporte. Dado que es requisito imprescindible para tener acceso a este capital que el proyecto forme parte de la Red Transeuropea de Transporte, las actuaciones se acometerán sobre más de 2.000 kilómetros de veinte vías de gran capacidad que cumplen el requisito, explicó Rajoy. Aunque los proyectos se definirán tras el verano, Fomento ya ha consultado las líneas maestras del plan con las autoridades comunitarias que, a falta de conocer los detalles , le han dado el visto bueno.

Todas las actuaciones del plan deberán asegurar una rentabilidad mínima y una ratio beneficio/coste positivo. Además, deberán pasar por una estricta evaluación de posibles impactos ambientales que asegura su sostenibilidad.

Junto a la evidente mejora de la red de vías de alta capacidad que persigue el plan, el presidente del Gobierno destacó que el plan tendrá «un importante efecto dinamizador sobre el crecimiento económico y la creación de empleo». Respecto al primer asunto, el Ejecutivo espera un retorno fiscal de unos 3.000 millones de euros. Un euro de gasto en infraestructuras genera casi 0,5 euros de retorno fiscal. Seopan, la patronal de la construcción, aseguró que inducirá 9.600 millones de actividad económica, según precisó en una nota su presidente, Julián Núñez. Además, el Ejecutivo calcula que el proyecto generará 189.200 empleos. En la fase de construcción, se espera la creación de 48.000 puestos de trabajo directos, 30.000 indirectos y 72.000 inducidos. En la de mantenimiento y explotación, el empleo directo esperado es de 12.000 puestos, el indirecto de 8.000 y el inducido de 19.200.

recortes presupuestarios

Que el Gobierno haya elegido las carreteras para relanzar las infraestructuras no es algo casual. Además de que soportan el 90% del tráfico de pasajeros y el 93% del tráfico de mercancías español, se trata de las infraestructuras más afectadas por los recortes presupuestarios acometidos en los últimos años para embridar el déficit. Puertos, aeropuertos y ferrocarril tienen fuentes de financiación alternativas a los presupuestos del Estado como tasas o bonos de las que no goza el sector de las carreteras.

Pese a disponer de estas vías adicionales de financiación, desde el sector apuntan que la idea es extender esta colaboración público-privada al sector ferroviario y al de las infraestructuras hidráulicas. Entre los proyectos que se baraja acometer estarían algunas obras del Corredor Mediterráneo y de la «Y» vasca.