¿Quiénes son las personas ricas para Podemos?

Podemos quiere cobrarse caro su apoyo parlamentario al PSOE. Por eso, hace unas semanas contribuyó decisivamente a tumbar su techo de gasto en el Congreso de los Diputados, comprometiendo así la tramitación de unos Presupuestos que Sánchez necesita para poder agotar la legislatura. Como consecuencia de esto, los de Pablo Iglesias acaban de exigir a los socialistas que, a cambio de votar a favor de su techo de gasto, suban los impuestos «a los ricos» para incrementar el gasto público. Pero, ¿quiénes son «esos ricos» a los que Podemos quiere machacar con muchos más tributos?

El colectivo no es único. En tal cajón de sastre incluye tanto a personas jurídicas como la banca o las grandes empresas (cuya propiedad accionarial se halla dispersa entre millones de familias de todo el planeta, las cuales no son necesariamente ricas) como a personas físicas con grandes patrimonios o con rentas superiores a 60.000 euros anuales. Centrémonos en analizar este último grupo: los perceptores de ingresos –salariales, profesionales o pasivos– por importe superior a 60.000 euros al año.

En 2016, año con los últimos datos disponibles, el número de contribuyentes con rentas superiores a 60.000 euros anuales apenas alcanzó los 736.756, exactamente el 3,7% del total. En conjunto, este reducido número de españoles aportó el 37% de toda la recaudación del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (en otras palabras, el 3,7% del censo de contribuyentes soporta el 37% de la exacción fiscal dentro del IRPF). Evidentemente, parte de la explicación de por qué, siendo tan pocos, contribuyeron tanto, es que también concentraron buena parte de los ingresos generados durante ese periodo. En concreto, ese 3,7% de los contribuyentes españoles obtuvo en 2016 unos ingresos de 87.324 millones de euros, el 21,5% del total registrado durante ese ejercicio. En suma, el 3,7% gana el 21,5% del total y paga el 37% del conjunto.

Pero que los ciudadanos con ingresos superiores a 60.000 euros anuales generen el 21,5% de todas las rentas no es el único factor que explica por qué abonan el 37% de todo el IRPF. Por ejemplo, los españoles que ingresan menos de 21.000 euros anuales (el 63,2% del total de contribuyentes) concentran el 27,5% de todas las rentas del periodo y, en cambio, sólo proporcionan el 10% de toda la recaudación del IRPF. Es decir, el 3,7% paga el 37% porque gana el 21,5%, pero el 63,2% sólo paga el 10% a pesar de ganar el 27,5%. La explicación de tales divergencias, como es obvio, es que las rentas altas ya están pagando proporcionalmente muchos más impuestos que las rentas bajas. No en vano, el tipo efectivo medio para quienes ganan más de 60.000 euros anuales ya es del 30%, mientras que, para quienes ganan menos de 21.000 euros anuales, es del 6,65%. En otras palabras, el tipo impositivo de quienes ganan más de 60.000 euros ya es casi cinco veces superior del que quienes ganan menos de 21.000.

¿Por qué todos estos datos son relevantes para la propuesta que está efectuando Unidos Podemos? Pues no sólo porque resulte moralmente injusto atracar todavía más a quienes ya están siendo exageradamente atracados, sino también porque el margen de extracción estatal de recursos adicionales de este colectivo resulta muy reducido. Precisamente, porque este grupo de contribuyentes ya está aportando mucho al Fisco, no dispone ni de mucha mayor capacidad para hacerlo ni, tampoco, de mucha voluntad para soportar tal rapiña adicional. En lugar de parasitar al personal cualificado, más nos valdría tratar de atraerlo y retenerlo, pero la izquierda patria parece más interesada en conjurar sus fantasmas ideológicos que en fomentar la prosperidad económica general.

Tasa a la banca

Otro tributo que le ha exigido Unidos Podemos al PSOE ha sido el impuesto sobre las entidades financieras. En principio, no debería haber demasiadas dificultades para que ambas formaciones, con ideología de izquierda, llegaran a un acuerdo en este punto, pues el mismo Partido Socialista ha manifestado su voluntad de aprobarlo. Sin embargo, durante las últimas semanas parecía que los socialistas habían comenzado a verle las orejas al lobo, dado que comenzaron a rebajar el tono de su compromiso. Y es que, si de alguna guía nos sirve la experiencia internacional, los impuestos sobre las entidades financieras tienden a ser trasladados entre un 80% y un 100% a los clientes finales, tanto en forma de mayores comisiones a los poseedores de una cuenta corriente como, sobre todo, en forma de mayores tipos de interés a los demandantes de crédito.

Impuesto mínimo a las grandes empresas

Asimismo, tampoco debería haber grandes obstáculos para que Podemos y el PSOE acordaran establecer un tipo impositivo mínimo sobre las grandes empresas. Los propios socialistas lo han defendido en muy diversas ocasiones bajo el tramposo argumento de que, en la actualidad, los grandes holdings empresariales ni siquiera pagan un tipo impositivo medio del 7% sobre sus beneficios. ¿Por qué se trata de un argumento tramposo? Fundamentalmente porque ese porcentaje procede, grosso modo, de comparar los impuestos pagados en España por estas empresas con sus beneficios mundiales, algo que evidentemente sesga a la baja su magnitud. De ahí que subir todavía más los impuestos a estas empresas sólo contribuirá a que saquen buena parte de sus inversiones del país con destino a otras jurisdicciones más amigables, esto es, sólo contribuirá a empobrecernos a todos.

Impuestos verdes

Por último, otra figura impositiva en la que existe cierto consenso entre ambas formaciones de izquierdas son los impuestos medioambientales, como sucede con la nueva fiscalidad sobre el diésel. En este caso, empero, el problema es que Podemos exige la cuadratura del círculo: defiende nuevos impuestos verdes que no afecten a la clase trabajadora. Pero, ¿cómo instaurar impuestos cuya finalidad es penalizar la contaminación sin que afecten a la mayor parte de la sociedad que está contaminando? Tan dañina es la contaminación de un ciudadano de renta baja como la de un ciudadano de renta alta y, en consecuencia, ambas deberían ser desincentivadas. Propugnar una fiscalidad medioambiental asimétrica sólo connota que no estamos ante una política honestamente preocupada por nuestro entorno, sino tan sólo ante un recital de demagogia ideologizada.