Un gran cambio en materia laboral se avecina. Muchos trabajadores podrán disfrutar de una reducción de jornada que implicará un total de 37,5 horas semanales, lo que supone 2,5 horas menos que hasta ahora.

Se trata de una nueva medida laboral que ha puesto en marcha el Gobierno, a pesar de que falta la aprobación de los diferentes partidos políticos. En este sentido, el derecho laboral en España tiene que ver con el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el empresario y los trabajadores, garantizando de esta manera unas condiciones laborales justas y protegiendo los derechos fundamentales.

Sin embargo, la reducción de la jornada laboral para los trabajadores no es la única novedad para este 2025. Y es que a esto se añade la obligación de las empresas a respetar la llamada desconexión digital de los trabajadores al acabar la jornada.

La desconexión digital: el nuevo derecho laboral para 2025

Cuando los trabajadores finalizan con su jornada de trabajo, se marchan a casa a descansar. No obstante, muchas empresas continúan estando en contacto con el empleado fuera de la jornada, provocando que el trabajador tenga que seguir pendiente.

Esto es un problema que ha ido creciendo con el paso de los años, hasta el punto que, según datos europeos, el 27% de los trabajadores no logra desconectar de la empresa en sus horas de descanso. Por ello, el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto.

La desconexión digital se encuentra regulada en el estatuto de los trabajadores en el artículo 20 bis y en el artículo 88 de la ley de protección de datos, pero a partir de la aprobación de la nueva reforma, las empresas no podrán comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el trabajador tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de clientes de la empresa.

Un derecho básico

El derecho a la desconexión digital es un derecho que tienen todos los españoles. Se recoge en el artículo 18 de la Constitución Española, limitando el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales asegura que la desconexión digital es una condición indispensable en las relaciones laborales, donde el trabajador tiene derecho a disfrutar de su descanso sin estar pendiente del teléfono.

El teletrabajo, culpable de la no desconexión

La digitalización es el principal problema de la no desconexión laboral. Debido a los avances tecnológicos, cada vez más empresas recurren al teletrabajo. Debido a esto, los empleados se han visto perjudicados en su descanso. De ahí que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos hayan tenido que acordar una medida que ampare a los empleados durante sus jornadas.

Multas estrictas por incumplir la desconexión digital

Si una empresa obliga al trabajador a contestar fuera de su horario laboral, ese tiempo será computado como horas extra. Hay que recordar que el máximo de horas extra al año son 80. Partiendo de esa base, atender a mensajes del trabajo a través de medios digitales fuera de la jornada laboral ordinaria no solo puede suponer la realización de horas extra, sino también la vulneración del derecho del trabajador a la desconexión digital.

Si una empresa obliga a su trabajador a realiza horas extras, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como infracción grave la trasgresión por parte de las empresas de la normativa en materia de jornada laboral, castigando estos incumplimientos con multas de hasta 7.500 euros.

¿Cuándo podría entrar en vigor la norma?

A pesar de ser una medida que favorece a millones de ciudadanos, lo cierto es que aún no se encuentra en vigor. El Consejo de Ministros aprobó esta semana el anteproyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima en España hasta las 37,5 horas, donde además se incluye la desconexión digital y un aumento del control horario.

Sin embargo, esta aprobación no implica la entrada en vigor de la norma. La medida tendrá que ser debatida y votada en el Congreso de los Diputados, donde los partidos políticos tendrán que decidir si están a favor o en contra.

Por ello, las expectativas del Gobierno son la de lograr su aprobación a lo largo de este 2025, con el objetivo de hacerlo antes de que finalice el verano.