Sacyr ve una «mano negra» tras el rechazo de Panamá a un acuerdo

Trabajadores en las obras del Canal
Trabajadores en las obras del Canal

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha exigido al grupo encabezado por Sacyr "reanudar"de inmediato las obras y no descarta que aún se pueda alcanzar un acuerdo.

La teoría de la conspiración cobra fuerza. Las firmas que componen el consorcio encargado de la ampliación del Canal no comprenden la negativa de la máxima autoridad de la brecha de agua panameña al último ofrecimiento del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), «la mejor oferta que se podía hacer», según ellas. Los socios de Sacyr consideran que sólo «injerencias externas» que van más allá de una o varias constructoras estadounidenses que podrían estar interesadas en acabar la obra –concluida a más del 72%– pueden estar detrás de la «incomprensible» postura de la Autoridad del Canal (ACP).

Según manifestaron a LA RAZÓN fuentes próximas a la negociación, «lo más razonable es que la ACP hubiera aceptado la oferta para financiar» la conclusión de la ampliación. «Si no lo han hecho, habrá que preguntarse por qué. Debe de haber presiones externas que están afectando a las decisiones del Canal. Sobre todo después de que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, afirmara el pasado lunes que el acuerdo era inminente», añadieron las mismas fuentes.

El «Principito», como se conoce popularmente a la máxima autoridad del Canal de Panamá por su poder en el país centroamericano, respondió ayer con un ejercicio de equilibrismo. Por una parte, Jorge Quijano dejó abierta una ventana al acuerdo con el grupo de empresas que lidera la española Sacyr. Por otra, exigió a las constructoras respetar el contrato y «reanudar» de inmediato las obras de ampliación, «inactivas» desde ayer. Quijano explicó que «no nos retiramos de la mesa» y no descartó que pese al fin del plazo de las negociaciones aún se pueda alcanzar un acuerdo con el consorcio, aunque alertó de que la «ventana se cierra» minuto a minuto.

En este sentido, Quijano advirtió de que no permitirá que la obra «se detenga por un periodo excesivo». Una de las opciones que maneja la ACP es asumir los trabajos y «hay empresas que han pasado a ver en qué estado están las obras» porque tienen interés en ellas, dijo, sin especificar qué empresas están interesadas en concluir la ampliación.

El cruce de acusaciones entre las partes después de que concluyera el plazo para un acuerdo a las 6:00 de la mañana de ayer, hora española, fue constante. El Grupo Unidos por el Canal, que lideran la española Sacyr y la italiana Impregilo, había acusado a la ACP de romper las negociaciones al no aceptar la mejor oferta posible.

La opción presentada sólo exigía a la ACP un desembolso de 100 millones de dólares (73,9 millones de euros) de los 1.600 millones de dólares (1.184 millones de euros) necesarios para acabar las obras. Cien millones, que el consorcio devolvería al año siguiente.

A cambio, las dos partes compartían al 50% la carga de la financiación necesaria hasta la conclusión de las obras. El consorcio, por su parte, está dispuesto a desembolsar unos 800 millones de dólares (591,5 millones de euros) siempre que se contemple una moratoria de devolución de 785 millones de dólares (580,5 millones de euros) en anticipos realizados por la ACP.

Sacyr y sus socios incluyeron una carta a Quijano en la que se exhortaba a que abandonara su posición «injustificadamente rígida» y a que abonara una factura pendiente de 50 millones de dólares (37 millones de euros) para pagar a subcontratistas y trabajadores «y cubrir así las nóminas de esta semana».

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, remarcó en declaraciones a LA RAZÓN su perplejidad ante la postura de la ACP y recordó que el consorcio está sin liquidez como consecuencia del retraso de los órganos de arbitraje contemplados en el contrato a la hora de dirimir sobre los sobrecostes de la obra.

Manrique insistió en que GUPC «está dispuesto a financiar la mitad de los imprevistos y asegurar la otra mitad». «Nuestra oferta es la mejor para acabar las obras en costes y plazos. No lo entiendo, el otro 50%, ya lo habían puesto, lo tienen garantizado», explicó.

Manrique destacó que las obras no se encuentran paralizadas al 100% desde ayer como asegura la ACP sino «inactivas» y apostó por un acuerdo. «A veces parece que no quisieran llegar a un acuerdo, pero aún así estamos dispuestos a seguir negociando y perfilar algunas de nuestras propuestas», anunció Manrique a este periódico. Las conversaciones podrían retomarse esta semana.

Pese a las amenazas del Canal de concluir las obras «con o sin el Grupo de Sacyr», la firma española lo considera poco menos que un farol ante el sobrecoste adicional que supondría la entrada de otras constructoras. «La ruptura de las negociaciones pone la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente», indicó el consorcio en un comunicado. El grupo de empresas estima que «sin una solución inmediata», Panamá y la ACP se enfrentarían a la posibilidad de años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso cuando se ha terminado más del 72% del proyecto.

El consorcio considera que la financiación extra necesaria para acabar la obra supone una «carga de tal magnitud que ningún contratista o empresa privada puede soportarla por sí misma». Sacyr y sus socios recordaron que las empresas integradas en el consorcio que realiza la ampliación son firmas de construcción, no bancos».