Supervisión trimestral a España a cambio de dos años para el déficit

Los socios europeos otorgaron ayer dos años extra a España para alcanzar el objetivo de rebajar el déficit más allá del 3%. Todos los países respaldaron la nueva senda fiscal planteada por la Comisión Europea el pasado 27 de julio, por la que España tendrá que reducir su desajuste del 5,1% del PIB actual (con las ayudas a la banca) al 4,6% este año, al 3,1% en 2017 y al 2,2% en 2018. Bruselas no exige nuevas medidas a España para el presente ejercicio, por lo que todo el peso de los ajustes recaerá en 2017 y 2018, con un 0,5% del PIB en cada año, es decir más de 10.000 millones de euros en total.

Pero el margen adicional no saldrá gratis. A cambio de estos dos años extra, España quedará bajo supervisión trimestral de los socios comunitarios, encargados de evaluar la profundidad de las reformas y el calado real de los ajustes. Madrid deberá demostrar el próximo 15 de octubre si ha tomado medidas eficaces para corregir el déficit y presentar en Bruselas el proyecto presupuestario para 2017. Posteriormente, el 15 de enero, el Gobierno deberá presentar a la Comisión y a sus socios un informe preliminar y a partir de entonces deberá hacerlo cada trimestre.

Además, los socios europeos reflejan en el documento de la nueva senda fiscal la recomendación de la Comisión para que España reduzca el número y el alcance de los gastos fiscales, en particular los tipos reducidos del IVA, así como las instrucciones para introducir una mayor automaticidad en la aplicación de la Ley de Estabilidad y mejorar la transparencia en la contratación pública.

En cuanto a Portugal, el Ejecutivo comunitario le dio un año más para rebajar el déficit al 2,5% en 2016 a cambio de un ajuste estructural de un 0,25%.

Ambos países tedrán un «incentivo» adicional para cumplir esta senda, ya que la Comisión podría aprobar, tras el verano, la congelación del 50% de los fondos comunitarios para 2017, de unos 1.000 millones en el caso de España, si se detectan desajustes.

Respecto a la multa por incumplimiento de déficit en 2015, el procedimiento de silencio fue suficiente para que España y Portugal esquivaran definitivamente cualquier sanción. No hizo falta más. Al no concurrir ninguna objeción por parte del Consejo, las propuestas realizadas por la Comisión Europea para cancelar las multas del 0,2% del PIB a los socios ibéricos quedaron ayer automáticamente aprobadas. Los gobiernos europeos disponían de un plazo de diez días, que expiró legalmente ayer, para enmendar por mayoría cualificada el planteamiento de la Comisión.

España se libra así de una sanción de más de 2.000 millones de euros (200 en el caso de Portugal) que hubiera supuesto un precedente al ser el primer socio en ser castigado por déficit excesivo, a pesar de que otros grandes, como Alemania o Francia, han cometido el mismo pecado en repetidas ocasiones. El escarmiento hubiera sido además contraproducente hasta para el mismísimo comisario de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, que dio por hecho el apoyo de los socios a la decisión de la Comisión.

La previsión es que el Consejo de la UE informe hoy sobre el resultado de este procedimiento silencioso, según indicaron fuentes comunitarias a Efe.