¿Un cambio necesario?

¿Es necesaria la reforma?

– Con la de la Ley de Colegios Profesionales de 1997 y la que introdujeron la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus en 2009, el marco normativo se actualizó en gran medida. De hecho, muestra hoy en día un marco moderno y favorecedor de la competencia, la economía y la competitividad en la prestación de los servicios profesionales. Además, las normativas sectoriales han servido para clarificar cuestiones relativas a estas profesiones. Más que sumar reformas, lo que se necesita es aplicar las existentes teniendo en cuenta la realidad de los ejercicios profesionales. Gracias a la normativa actual, los ciudadanos pueden estar seguros de disponer de la garantía de contar con unos magníficos servicios profesionales prestados con calidad.

¿Cómo afectará a estas profesiones?

– Dependiendo de cómo se regule, positiva o muy negativamente. Se afirma que se amplían competencias y que se fomentará la economía, pero el hecho de que no se cuente con los colegios puede tener repercusiones más allá de lo económico. Hablo de derechos fundamentales, aquellos que están relacionados con la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente.

lIntroducirá más competencia en el sector?

–Si nos referimos al impacto de una liberalización excesiva, está claro que se potenciaría la entrada de profesionales en el sector. Pero en los casos en que no existiera el control ni la vigilancia, la calidad de los servicios prestados se vería afectada a la baja, lo que podría tener su consecuencia en la imprescindible confianza de los consumidores al contratar dichos servicios. Me refiero a otras profesiones en las que también debería contemplarse la colegiación por afectar a la seguridad de las personas y a otros bienes y derechos dignos de protección. Hay que tener en cuenta las características de los colegios profesionales. No se las puede considerar entidades comerciales, compitiendo unas con otras, sin atender a que su naturaleza determinante es proteger los derechos ciudadanos.