Una sentencia puede hacer fijos a 800.000 funcionarios interinos

Las administraciones públicas españolas esperan con preocupación la sentencia que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictará a finales de septiembre o principios de octubre sobre las posible situación de ilegalidad jurídica de miles de funcionarios temporales e interinos españoles, tanto estatales como autonómicos y municipales. La decisión judicial responderá a más de 5.000 demandas contra el Gobierno que fueron presentadas ante el TJUE con el objetivo de terminar con años de ignorancia pública ante la «discriminación laboral» que sufren hasta 800.000 funcionarios, denunció ayer en rueda de prensa Javier Aráuz, abogado de la mayoría de los denunciantes, sobre los que Alto Tribunal europeo decidirá si obliga a España a hacerlos fijos. En algunos casos, llevan hasta 35 años enlazando contratos temporales.

Aráuz está a la espera de que el abogado general del TJUE eleve su informe sobre dos cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales madrileños a este respecto -–los casos de tres trabajadores interinos y temporales del Servicio Madrileño de Salud que suman entre 12 y 18 años en sus puestos encadenando contratos temporales–. El dictamen estaba previsto para el 11 de julio, pero se ha aplazado hasta el 5 de septiembre. Esto no permitirá contar con una sentencia hasta dentro de dos o tres meses. Si esta fuera favorable a los demandantes, sería «un importante varapalo al Gobierno español» por incumplir la directiva europea 199/70/CE, que pide combatir la temporalidad en el empleo público, por lo que estaría obligada a convertir en funcionarios públicos a todos aquellos trabajadores temporales que presenten una denuncia contra la administración correspondiente.

La Justicia europea deberá valorar si los miles de interinos que encadenan contratos temporales durante años están discriminados porque no cuentan con la misma protección social que los fijos –ya sea en excedencias, licencias o sueldos – y se les puede despedir sin compensación económica alguna –como marcan los estatutos de las administraciones públicas–, algo que no puede hacerse en el sector privado porque es ilegal. «Es inconcebible que el Gobierno exija a las empresas del sector privado que contraten a empleados estables, se controle la falta de estabilidad y haya instaurado los registros horarios y en las administraciones públicas mantienen un régimen discriminatorio de trabajo», denunció el abogado.

En esta situación de temporalidad continuada se encuentran alrededor de 800.000 funcionarios, en torno al 30% de los trabajadores del sector público, si bien en algunos sectores alcanza porcentajes muy elevados, como los servicios sanitarios de Urgencias de la Comunidad de Madrid (90%), la Oficina Nacional de Trasplantes (88%) o ayuntamientos como el de Sevilla (70%) o el de Sevilla (60%). En otras instituciones, como el Servicio de Empleo Público (SEPE), resulta aún más grave, por cuanto el servicio que desempeñan es el de la búsqueda de colocaciones. La temporalidad de sus trabajadores se sitúa en el 70%.

Los demandantes también han puesto su punto de mira en las ofertas públicas de empleo, que deben convocarse anualmente y «en algunos casos llevan 20 años sin realizarse. Ahora se quiere revertir esta situación, lo que puede suponer la salida de trabajadores que llevan años en el puesto». El TJUE tendrá en octubre la última palabra.