Verdú dice que no ha visto nada igual a las «tarjetas B» en 30 años en la banca

«En treinta años de vida profesional en la banca no había visto algo similar». Con esta frase tan significativa resumió quien fuese consejero delegado y número 2 de Bankia Francisco Verdú su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

«En treinta años de vida profesional en la banca no había visto algo similar». Con esta frase tan significativa resumió quien fuese consejero delegado y número 2 de Bankia Francisco Verdú su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en relación con el gasto de consejeros de la entidad con las denominadas «tarjetas black», según informaron fuentes jurídicas. De hecho, aseguró al magistrado que advirtió al entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que ese uso constituía una «mala praxis».

Con esa tarjeta, añadió, se pretendía sortear el límite de los 600.000 euros anuales que el Gobierno estableció a través de un real decreto para las entidades financieras que habían recibido ayudas públicas. Al respecto, aseguró que Rato le expresó que podía utilizarla «como quisiera», una tarjeta que, incidió al respecto, no se quedó con ella, ni por tanto la usó, porque no estaba en su contrato el que tuviese ese producto.

Estos extremos fueron negados por Rodrigo Rato, quien, en declaraciones a Ep, aseguró que no entregó físicamente ninguna tarjeta ni al ex consejero delegado de la entidad Francisco Verdú, «ni a nadie», dado que esa no era su función. «Y en todo caso, dada su experiencia, profesionalidad y que era consejero delegado, no debió darle mucha importancia, ya que no realizó ninguna actuación, que a mi me conste».

Por otro lado, el ex presidente de Caja Madrid Jaime Terceiro –a a quien sustituyó posteriormente Miguel Blesa– también declaró ayer ante el juez Andreu en esa misma causa. En su comparecencia, aseguró que la entidad llevaba un estricto y exhaustivo control de los gastos de representación cargados con las tarjetas.

Terceiro, que permaneció en el cargo desde 1988 a 1996, puso como ejemplo de esa austeridad el hecho de que el secretario del consejo, Ángel Montero, encargado del primer «filtro» de esos gastos, no admitía cargos de comidas los viernes e incluso ponía reparos cuando se utilizaban las tarjetas para pagar hoteles de tres estrellas.

En relación con las tarjetas de la entidad que disponían los consejeros, manifestó que los miembros del consejo de administración o del comité de dirección disponían de una cada uno de ellos. Esas tarjetas, añadió, tenían un límite de 600 euros mensuales, pero que lo habitual era que no se superaban los 250 o 300 euros; y, además, no disponían de pin, por lo que sus titulares no podían retirar dinero en efectivo. Sobre las retribuciones de los consejeros, señaló que no tenían asignadas una cantidad fija, sino que percibían 150 euros, en concepto de dietas, por cada asistencia a una reunión, que solían celebrarse cada mes. De esta forma, percibían 1.800 euros anuales.

Relacionado con esa política de austeridad que impuso durante su mandato, aludió directamente a su salario: 132.000 euros anuales; cantidad que sólo se incrementó en el IPC anual, para llegar al final de su presidencia con un sueldo de unos 200.000 euros.

En su comparecencia, insistió en que esas tarjetas eran exclusivamente para gastos de representación, por lo que los consejeros no tenían que declarar los gastos, y, en cambio, sí era perfectamente legal incluirlos en el impuesto de sociedades.

Era, añadió al respecto Terceiro, un sistema totalmente transparente, que no estaba fuera del «circuito normal y ordinario» de la Caja y al que Hacienda nunca puso reparos.

También declaró ante el magistrado Andreu el director de la auditoría interna de Bankia, Iñaki Azaola, que fue el autor del informe que desató todo el escándalo de las «tarjetas black». En su declaración, aseguró que tuvo conocimiento de todo lo relacionado con esas tarjetas en enero de 2014, cuando recibió una hoja con gastos cargados a tarjetas que habían sido canceladas en diciembre de 2011 y mayo de 2012, motivo por el que se abrió una investigación, porque las mismas «estaban al margen» del circuito ordinario.