Pero la responsabilidad es de Sánchez

Es relativamente sencillo ponerse en el lugar del líder del Partido Popular, Pablo Casado, ante su encuentro de hoy con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, ciertamente, más que demandar el apoyo de la oposición ante una inédita situación de emergencia, lo exige, y no con las mejores formas. Sin embargo, hasta el momento, y a los efectos prácticos, que son los que cuentan, el comportamiento de Casado para con el Gobierno de la nación ha sido el que podía esperarse de un político que está al frente de un partido con vocación de Estado. Ni la retahíla de insultos que le endilgó la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, en la última sesión del Congreso, condicionó su apoyo a la nueva prórroga del estado de alarma ni la insólita descortesía de ser convocado en una rueda de Prensa a la mesa de negociación ha tenido otra virtualidad que provocar un leve retraso en el calendario.

Es, pues, erróneo presuponer la escasa perspectiva de éxito de una reunión que, es cierto, parte de posiciones ideológicas dispares y que se lleva a cabo entre dos personalidades que no ocultan su falta de empatía, aunque sólo sea porque la situación que atraviesa España exige un mínimo de voluntad conciliadora entre los dirigentes de las dos principales formaciones políticas del arco parlamentario, que representan en conjunto al 49 por ciento del voto popular y suman 209 escaños. Pablo Casado está obligado, al menos, a escuchar las propuestas de acuerdo que plantee el jefe del Ejecutivo y, en el caso de que no supongan cesiones imposibles para su electorado, a dar curso al acuerdo, por más que éste se proponga fuera del ámbito parlamentario, entendiendo que la complejidad del desafío obliga a incluir también a los agentes sociales.

Pero dicho esto, es preciso acotar los márgenes de cualquier eventual negociación, comenzando por el hecho de que no está en cuestión el modelo económico y social de la democracia española, tampoco el político, y que, por lo tanto, corresponde al actual Ejecutivo plantear la bases del acuerdo, pero siempre dentro de las vigentes reglas de juego. Nada puede haber sobre la mesa que suponga alterar los fundamentos de nuestra convivencia, como, por ejemplo, los derechos a la propiedad y a la libertad de empresa, sin pasar por la vía de las urnas y de la reforma constitucional.

De la misma manera, no es razonable exigir a la parte gubernamental que rescinda sus actuales alianzas, por más que supongan un obstáculo evidente para el éxito de la tarea que hay que afrontar. La principal responsabilidad recae sobre el presidente del Gobierno y su Gabinete. Es una responsabilidad por mandato electoral que no puede ser transferida al resto de los partidos políticos ni, mucho menos, obligar al PP a sentarse con Bildu o ERC. No es momento de ejecutivos de gran coalición, de emergencia o de salvación nacional, no importa el nombre que quiera dárseles, sino de que Pedro Sánchez articule un proyecto de salida de la crisis económica y social que pueda ser respaldado por una mayoría parlamentaria. Cuánto más acordado y más consensuado con el resto de la fuerzas políticas y con los agentes sociales más probabilidades tendrá de sacarlo adelante. De lo contrario, tendrá que asumir los resultados y refrendarlo en una hipotética convocatoria electoral.

No es, por lo tanto, excluyente de la vía parlamentaria que reclama Pablo Casado abordar unos pactos previos de gran alcance que, al final, deberán traducirse en un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y sus correspondiente corpus legislativo que tiene que ser aprobado en Cortes. Podría hacerse como plantea el líder de lo populares, pero no significa que fuera más operativo para solucionar los problemas que afronta la nación, de una dimensión que, todavía al albur de la epidemia de coronavirus, nadie es capaz de pronosticar.