Sin brújula ni consenso nacional

La persistencia de los contagios, en especial los que, inexplicablemente, se siguen produciendo entre el personal sanitario, y el creciente número de fallecimientos, que revela, trágicamente, la falta de medicamentos y terapias capaces de doblegar la infección del coronavirus cuando se presenta en su forma más virulenta, aconsejan, sin duda, la mayor de las precauciones a la hora de avanzar hacia esa «nueva normalidad» que predica el Gobierno, más aún, cuando nuestras propias autoridades sanitarias reconocen que actúan a tientas –sin GPS, en gráfica expresión del presidente Pedro Sánchez– y se demuestran incapaces de dotarse del único instrumento válido, los test de diagnóstico, para elaborar el mapa de la pandemia.

En estas circunstancias, cabría esperar del Ejecutivo una mayor voluntad de colaboración con el resto de las administraciones públicas concernidas en la emergencia, asi como con los representantes de los partidos de la oposición que, no lo olvidemos, gobiernan en buena parte de las comunidades autónomas, tienen transferidas la responsabilidad de la gestión sanitaria y conocen de primera manos las debilidades y fortalezas de cada territorio. Como ya hemos señalado al hacerse público el boceto, no llega a más, del plan de desconfinamiento aprobado por el Consejo de Ministros, choca la insistencia en actuar de acuerdo a la división provincial del país, que data de finales del siglo XIX y denota una visión centralista, cuando hace más de cuarenta años que España se articula por el sistema autonómico que ha provocado cambios evidentes en el modelo de administración territorial. Así, parecen razonables las advertencias de los presidentes autonómicos de Galicia, Valencia y Cataluña en el sentido de que sus comunidades se rigen, desde el punto de vista de la Sanidad, por áreas sanitarias y hospitales de referencia que no coinciden necesariamente con la división provincial, cuestión que, a efectos de la detección precoz de nuevos brotes, parece digna de ser tenida en cuenta.

A este respecto, hay que señalar que las reacciones de las comunidades que no están gobernadas por representantes socialistas coinciden en su disgusto por no haber sido consultadas a la hora de elaborar el plan de desconfinamiento y vuelta a la normalidad, nueva o antigua, como uno prefiera, pese a que el presidente del Gobierno afirmó tajantemente que las medidas y las fases se habían acordado con los representantes autonómicos, que, al fin y al cabo, son lo que deben implementarlas. Como tampoco parece que Pedro Sánchez haya acordado, siquiera informado, con la oposición el proyecto de desescalada, parece oportuno preguntarse de dónde saca el Ejecutivo la seguridad de que obtendrá el respaldo parlamentario que requerirán las sucesivas prórrogas del estado de alarma.

Son muchas las opiniones, y no sólo en el ámbito político, que consideran perfectamente posible mantener la lucha contra la pandemia sin esa medida de excepción, especialmente cuando el final de la reclusión domiciliaria sea un hecho. También los dirigentes autonómicos insisten en la recuperación de sus competencias, postura en la que no está solos los nacionalistas, hasta el punto de que entre los barones del PP se alzan voces que reclaman a su presidente, Pablo Casado, que rechace la convalidación de un nuevo período de estado de alarma o, al menos, que se abstenga como un gesto político ante lo que consideran que la actitud del Jefe del Ejecutivo supone un desprecio inaceptable para sus votantes. En cualquier caso, el nivel de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, como se vio ayer en la sesión de Control del Congreso, no augura nada bueno para el necesario acuerdo sobre la estrategia de la recuperación económica y social.