Demasiada crisis para este Gobierno

Si en las circunstancias previas a la crisis de la pandemia nadie podía garantizar que el Gobierno de Pedro Sánchez pudiera mantenerse toda la legislatura, hoy, abocados los españoles a una recesión económica de enorme magnitud, hay que preguntarse, hiperbólicamente, claro, si llegará a terminar el año. Si la respuesta depende de lo que vimos ayer en el Congreso durante la tramitación parlamentaria de la quinta prórroga del estado de alarma, donde hasta los apoyos de urgencia resultaban vergonzantes, parece evidente que la ruptura de la llamada «mayoría de investidura» puede producirse, incluso, antes de lo previsto, es decir, antes de que los partidos separatistas catalanes comprueben que ninguna de sus entelequias políticas pueden ser aceptadas por cualquier gobierno de España que se desenvuelva dentro del marco de la Constitución.

Ha bastado un pequeño sucedáneo de órdago por parte de ERC, para que Pedro Sánchez tirara de la «geometría variable» de la Cámara y buscara amparo en Ciudadanos, cuyo portavoz, Edmundo Bal, creyó necesario advertir al jefe del Ejecutivo de que no había ganado un socio parlamentario, sino un alivio en medio de la emergencia sanitaria. Pero, por supuesto, la cuestión fundamental estriba en si el partido que lidera Inés Arrimadas puede ejercer de muleta de un Gobierno coaligado con la extrema izquierda radical cuando se trate de aprobar las medidas económicas y financieras imprescindibles para afrontar la inevitable recesión. Más aún, cuando, también ayer, supimos que el presidente del Gobierno había pactado la abstención de los proetarras de Bildu a cambio de derogar completamente la actual legislación laboral, asunto de enorme calado y graves consecuencias para el mercado de trabajo, que no parece que pueda saldarse para salir de un aprieto.

Si bien no está muy clara cuál es la estrategia que pretende seguir Ciudadanos –ahí están los malos resultados electorales y las bajas de notables militantes del partido–, no creemos, sinceramente, que pueda apostar por una mayor estatalización de la economía, que es la apuesta de la mayoría de los socios de la investidura, suponemos que con la excepción del PNV, que se debe a un electorado burgués y conservador, poco proclive a los experimentos neomarxistas. Pero, en cualquier caso, y dada lo que podemos llamar «la anomalía española», en la que los nacionalismos periféricos actúan con agendas propias, lo cierto es que la realidad de la crisis provocada por la pandemia va a estrechar al mínimo el margen de maniobra de un Gobierno que, hasta ahora, ha podido navegar la tormenta a base de propaganda y parches –son cientos de miles los españoles afectados por los ERTE que todavía no han recibido un euro y subsisten como pueden–, pero que tendrá que asumir no sólo la necesidad del rescate por parte de la Unión Europea, sino los inevitables ajustes presupuestarios.

La solución más lógica pasa por la conformación de una mayoría parlamentaria sólida que sostenga un pacto de Estado entre las grandes formaciones políticas. Un acuerdo que no signifique subordinación, que es, a tenor de la experiencia, lo que el presidente reclama a la oposición, y con el compromiso de convocar elecciones una vez superada la emergencia. Porque la otra vía, la del contorsionismo parlamentario del PSOE, siempre con la espada de Damocles de las exigencias nacionalistas pendiendo de la cabeza de las formaciones constitucionalistas, no puede presentarse más azarosa y problemática para los intereses generales. Se avecinan, ya están aquí, tiempos difíciles que van a exigir mucho esfuerzo de los españoles. Es de esperar que, al final, prevalezca la sensatez y se destierre la polarización como táctica política.