Hacia otro impuestazo a la clase media

La entrevista que ayer mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Sexta ha tenido, cuando menos, la virtud de clarificar las líneas maestras de la próxima política fiscal, que, fetiches aparte, va a operar sobre el IRPF, el incremento de los impuestos indirectos, ahora llamados «verdes», y el recargo de la tributación de la grandes empresas. Argumentaba el jefe del Ejecutivo, haciendo de la necesidad virtud, que la emergencia de la pandemia había dado al traste con la senda de reducción del déficit, lo cual es cierto, pero sólo a medias, puesto que España ya iba camino de incumplir el acuerdo de estabilidad antes de que irrumpiera el coronavirus, y denunciaba que las ineficiencias de nuestro modelo fiscal provocaban una recaudación para las arcas del Estado inferior en un 7 por ciento a la media de la Unión Europea.

No dijo, aunque es sabido, que esa aminoración de los ingresos públicos hay que enmarcarla en una política de larga trayectoria de exenciones fiscales y en el mantenimiento de tipos reducidos para el IVA, que es una medida de ribetes populistas, siempre cara a la izquierda, y que, al parecer, ha devenido en una especie de tabú. Nada de lo dicho por el presidente del Gobierno se acerca a las propuestas del Banco de España, que recomendaba, sí, un aumento de los ingresos fiscales, pero combinado con una reducción del gasto público, ni se acerca a los planteamientos económicos de los partidos de la oposición de centro derecha, PP y Ciudadanos, con quienes, según afirmó Sánchez, confía en aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por supuesto, no vamos a negar lo extraordinario de la situación que atraviesa España, al filo de la recesión, y lo inevitable de hacer frente a un incremento de las gastos sociales y sanitarios derivados de la pandemia.

No es sólo que, por primera vez desde 2008, un mes de junio haya traído un incremento del paro, es que, en estos momentos, el SEPE hace frente al pago de seis millones de prestaciones por desempleo, situación, a todas luces, inasumible en el tiempo. Es un retroceso que lleva el mercado laboral a cifras de paro no vistas desde mayo de 2016. En los últimos 12 meses, la Seguridad Social ha perdido 893.360 afiliados y el número de parados, sin contar los ERTE, se acerca peligrosamente a los cuatro millones. Sin duda, podemos encresparnos contra la fatalidad de la situación, más aún para un país demasiado condicionado por la industria del Turismo, que, dicho sea de paso, es uno de los sectores más rentables de las economías del viejo continente, pero la solución a la emergencia no puede venir del empecinamiento en el error. Y error es, incluso muy grave, seguir ahondando en unas políticas fiscales que gravan el tejido productivo, los ingresos del trabajo y el ahorro de las familias. Porque ese es, en realidad, el programa que nos propone el Gobierno de Pedro Sánchez, por más que elimine los tonos más demagógicos de sus aliados de Unidas Podemos.

Si España tiene una oportunidad con el cambio de criterio financiero y presupuestario de la Unión Europea, y nosotros creemos que es así, sólo podrá aprovecharla desde una política de modernización del mercado, al que hay que liberar del exceso de cargas burocráticas, desde el estímulo a la inversión productiva y desde la apuesta por las nuevas tecnologías que no es, exactamente, subir los impuestos «verdes». Está en su derecho Pedro Sánchez al demandar el apoyo del resto de los partidos políticos en estos momentos de dificultades, pero no le ampara ni la razón ni la lógica si cree que reincidir en el impuestazo a la clase media debe ser admitido de buen grado por quienes se presentaron a las elecciones con programas electorales y propuestas muy distintas. Y no hay demasiado tiempo para negociar los Presupuestos.