Laya debe más que una explicación

Nunca en tres siglos la diplomacia española había dado carta de naturaleza a Gibraltar por la sencilla razón de que la cesión de soberanía se hizo sobre Inglaterra y España nunca había aceptado que el principio de autodeterminación pueda aplicarse a esa colonia-

Cádiz.- González Laya hace un llamamiento a Reino Unido para acelerar la negociación sobre la relación con Gibraltar
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Cuando un ministro de Asuntos Exteriores se reúne y lo hace público con un representante de un territorio en disputa de soberanía, ya sea el Kosovo o Gibraltar, por ceñirnos a la geografía europea, es absolutamente impropio hablar de «encuentro informal». Que esto no lo sepa Arancha González Laya, que, al fin y al cabo, no pertenece a la carrera diplomática, puede disculparse, pero que el Gobierno trate de hacer pasar como una cuestión menor lo que, en realidad, supone el reconocimiento de facto, como interlocutor al máximo nivel exterior, del representante local de una colonia británica, cuyo sujeto de la soberanía es, por supuesto, el Parlamento de Londres, no tiene justificación posible.

Que, además, se intente cubrir lo sucedido aludiendo a una reunión similar que habría mantenido el ex ministro Borrell, no sólo es de una deslealtad deleznable hacia una persona que sirvió bien al Estado, sino que revela una total falta de comprensión de nuestros actuales gobernantes sobre los usos de la diplomacia, donde cada gesto, cada silencio o cada paso están cuidadosamente medidos en función del conflicto a resolver. Por lo tanto, que el ex ministro Borrell no hiciera pública la presunta reunión con el jefe del Gobierno llanito entraría de lleno en lo convenido en ese ámbito. Que la ministra González se apresurara a lanzar un tuit, como si acabara de participar en la convención de Viena, no dejaría de ser una puerilidad, sino supusiera una cesión de derechos sobre la Roca que todos los gobiernos españoles, absolutamente todos, han sostenido en el campo internacional desde 1715, cuando entró en vigor el malhadado Tratado de Utrech.

Nunca en tres siglos la diplomacia española había dado carta de naturaleza a Gibraltar por la sencilla razón de que la cesión de soberanía se hizo sobre el Reino Unido y España nunca había aceptado que el principio de autodeterminación de Naciones Unidas pudiera aplicarse a esa colonia. A efectos administrativos, Londres puede delegar la gestión del territorio como le plazca, incluso, cediendo los derechos de uso a una compañía privada, como la que gobernó en la Indias Orientales, pero en lo que se refiere a la frontera exterior, nuestro país sólo reconoce, al menos hasta el jueves pasado, un sólo interlocutor legítimo, que es el Gobierno británico. No en vano, en las tres reuniones del foro sobre la colonia que organizó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero siempre estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores de Londres.

No se trata, por supuesto, de negar el pan y sal a los gibraltareños ni olvidar lo que representa la existencia de la Roca en el equilibrio geoestratégico y económico de la zona. Pero, tampoco, es posible obviar que la salida del Reino Unido de la Unión Europea va a hacer inevitable un cambio en el actual estatus de los llanitos, como en el de los ciudadanos de Irlanda del Norte. Comprendemos la ansiedad del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ante las consecuencias de un Brexit sin acuerdo, y damos la bienvenida a su cambio de actitud, que ha pasado de la burda soberbia antiespañola a la expresión de las mayores consideraciones. Sólo con que la colonia británica dejara de ser ese sumidero fiscal que lastra el desarrollo de sus vecinos nos daríamos por satisfechos. Pero, insistimos, ese fin no justifica legitimar a Picardo como interlocutor y, en consecuencia, el reconocimiento de una soberanía sobrevenida que no es tal. Y, de hacerlo, tendría que ser previo debate con todas las fuerzas políticas españolas, en la sede de la soberanía nacional y con la exposición clara y diáfana por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de los motivos que aconsejan ese cambio de estrategia política y diplomática para resolver un contencioso secular.

Porque, si al final, todo queda en una torpeza de la ministra González Laya que el Ejecutivo socialista, como es su costumbre, trata de disimular hasta que pase la tormenta mediática, que nadie tenga la menor duda de que el Reino Unido buscará la mejor forma de aprovechar el error y nuestra división partidista. Tres siglos de experiencia nos avalan,