Los alcaldes dejan en evidencia a Sánchez

Entra dentro de la normalidad, la vieja y la nueva, que el político con más responsabilidad en un fiasco sea de los primeros en cambiar el paso y apuntarse a la nueva situación. De ahí que no nos sorprenda en absoluto que el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, se arrogue ahora una participación decisiva en la propuesta de suspensión temporal de la regla de gasto que ha planteado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Bienvenida sea la rectificación, pero no estaría de más que el veterano socialista reconociera que no sólo fue incapaz de abrirse a una negociación que demandaban la gran mayoría de los alcaldes españoles, con independencia de su adscripción ideológica, que en el municipalismo siempre cuanta menos, sino que llevó a cabo una traslación literal del juego de las mayorías y minorías en el seno de la FEMP, que no se correspondía con la realidad del Parlamento de la nación.

Se nos dirá que, en buen militante, Caballero sólo actuó en obediencia del Gobierno, pese al engendro legislativo en liza, pero no se sabe qué es peor. La cuestión ahora es, sin embargo, cómo se va articular desde el Ejecutivo poco inclinado a la negociación política, un decreto que, forzosamente, debe eludir las directrices del Plan de Estabilidad, blindado constitucionalmente, de manera que no pueda ser impugnado en los tribunales. Y es ahí, ciertamente, donde la opinión pública podrá valorar la capacidad de acuerdo del presidente Pedro Sánchez, que vio como se conformaba en contra de su real decreto confiscatorio una de las mayorías absolutas más amplias que se han dado en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, estamos de acuerdo en que la emergencia sanitaria del momento, con unas consecuencias de deterioro económico y social que todavía no es posible calcular, obliga a tomar medidas excepcionales, como esta suspensión temporal de la regla de gasto, que permitirá a los ayuntamientos utilizar el superávit acumulado en sus cuentas para hacer frente a los gastos extraordinarios producidos.

Pero, al mismo tiempo, es preciso destacar que sin esa regla, probablemente, no habría ahorros en las arcas municipales que poder destinar a la emergencia. La decisión, pues, debe entenderse desde el principio de necesidad, pero no puede convertirse en el tiempo en otra barra libre de gasto que aumente aún más la deuda nacional, como ha ocurrido en la Administración de Estado y en las comunidades autónomas. En cualquier caso, hay que desear un acuerdo político amplio, del que salga un decreto con la mejor factura posible, que es lo que no ha habido hasta ahora.