No se piden disculpas por defender la Ley

Salvo desde una ingenuidad culposa, no es posible disociar de la ofensiva contra la Monarquía la nueva campaña de la extrema izquierda y los nacionalismos para que Su Majestad se retracte, «pida disculpas», de su discurso fundamental del 3 de octubre de 2017, en el que reclamó la intervención de los legítimos poderes del Estado para que garantizasen el ordenamiento constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y del autogobierno de Cataluña y, señaladamente, el respeto a la soberanía del conjunto de los españoles y a su potestad de decidir su vida en común.

Es decir, todo aquello que el movimiento separatista impulsado desde la propia Generalitat había despreciado olímpicamente, en un episodio sedicioso que todos los ciudadanos pudieron presenciar en vivo y en directo. Como no han pasado tantos años, apenas tres, no parece creíble que haya podido experimentarse en la opinión pública una tal pérdida de memoria que encubra una maniobra tan pedestre, por más que los partidos y organizaciones nacionalistas traten de vender la tempestiva intervención Felipe VI como un ataque a los derechos de los catalanes y no como lo que fue: la defensa de la democracia española y del imperio de la ley, atacadas, precisamente, por quienes por razón de su cargo estaban más obligados a respetarlas. Dicho esto, cometerían un error quienes restaran importancia a este tipo de iniciativas, por la sencilla razón de que nunca son actuaciones aisladas, mucho menos, improvisadas y que se agotan en sí mismas. Por el contrario, forman parte de una campaña general, como hemos advertido al principio, contra la forma del Estado, que es la Monarquía parlamentaria, a la que es preciso desprestigiar por cualquier medio.

Desprestigiar y desnaturalizar, como primeros pasos, conscientes su impulsores del escaso apoyo popular a sus pretensiones republicanas y de las dificultades que presentaría una reforma constitucional de tal calibre. De ahí que también debamos advertir sobre la Ley Orgánica de la Monarquía que prepara el Gobierno que preside Pedro Sánchez, a instancias de Unidas Podemos, precisamente, por tratarse de un proyecto legislativo que no necesita para su aprobación más que una mayoría simple, pese a las promesas de algunos miembros del Ejecutivo de que no se llevará a cabo reforma alguna que afecte a la Jefatura del Estado sin el concurso y el consenso del principal partido de la oposición. Sin entrar en juicio de intenciones, sólo parece aceptable, si se quiere modificar el estatus de la Corona, lo que no creemos que tenga ahora el menor interés político o práctico, la vía de la reforma constitucional que sí necesita del acuerdo mayoritario de las principales formaciones del Parlamento.