Editorial
Ejemplaridad pública y demagogia
La dimisión del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Miguel Ángel Villarroya, no se ha hecho esperar desde que trascendiera el pasado viernes que se había vacunado de la covid-19 junto a otros mandos de la cúpula militar. Ni siquiera ha hecho público el informe que se comprometió a entregar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el plan de vacunación del Estado Mayor, arrollado por el estado de opinión que se ha instalado después de que cargos públicos se vacunasen sin cumplir el protocolo establecido. Su dimisión ha sido ejemplar, sin las habituales excusas que sólo sirven para ahondar aún más en el descrédito, pero sin que, también, se tuviera en cuenta lo que él mismo había dicho en la carta enviada a la ministra solicitando su cese, que la decisión de vacunarse la tomó «en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a los protocolos establecidos» para asegurar la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Es fácil que algunos extraigan de ese comportamiento un simple acto de aprovechamiento de un privilegio, algo que el propio general Villarroya niega rotundamente, como así ya lo ha anunciado Podemos a través de Enrique Santiago con una acusación ofensiva para un militar de tan alta graduación, como la de «vacunarse antes que la población o que otros militares en riesgo». Margarita Robles, la ministra mejor valorada de este Gobierno y que recibe apoyos más allá de las formaciones políticas que la apoyan –supuestamente–, lo que es un logro en la España actual, no ha podido responder ante tan grave acusación. En este sentido, el general Villarroya ha asumido toda la responsabilidad de un error. Sin embargo, el gesto de aceptar la dimisión del Jemad debe interpretarse como un sacrificio que no podía eludirse: despejar cualquier duda sobre la ejemplaridad de las Fuerzas Armadas, una campaña con la que algunos sectores del Ejecutivo y sus aliados estarían encantados en participar. La moralidad pública obliga a ser exigentes, pero también a discernir cuando se produce un acto de aprovechamiento personal o de un mal consejo, aunque ambos obliguen a asumir la responsabilidad. El protocolo de vacunación es claro, a pesar de la confusión reinante por falta de una única directriz dirigida por el Ministerio de Sanidad, añadido a los problemas técnicos que las comunidades autónomas están teniendo para el suministro. Sanidad publicó una «Estrategia de Vacunación Covid-19 en España», el pasado 23 de noviembre, muy genérica, y días después definió dicha estrategia en tres fases, que es la que se está siguiendo –estamos en la primera– con la prioridad del personal sanitario de alto riesgo. Este protocolo deber ser respetado –por principio ético y por no perjudicar la estrategia de vacunación–, por lo que sirva la dimisión del Jemad para que los servidores públicos sepan cuál es su responsabilidad.
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